Alerta máxima en cárcel de Itagüí por riesgo de fuga tras fiesta con cantante
La situación en la Cárcel de Itagüí mantiene en alerta máxima a las autoridades colombianas debido a un posible escenario de seguridad crítica. Tras el escándalo generado por una fiesta con licor y presencia de civiles dentro del penal, la preocupación se centra ahora en el traslado de varios cabecillas criminales y el riesgo inminente de una fuga o intento de rescate.
Escándalo y medidas presidenciales
El episodio, ocurrido el pasado 8 de abril, desató una serie de investigaciones disciplinarias y penales luego de que se conocieran imágenes de una celebración en el pabellón dos, en la que participó el cantante Nelson Velásquez. Desde entonces, la polémica ha escalado a niveles políticos, judiciales y de seguridad, generando una crisis institucional.
Una de las decisiones más sensibles fue la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar a varios de los principales jefes criminales recluidos en este centro penitenciario hacia cárceles en Bogotá. El objetivo es frenar el control que, según las autoridades, siguen ejerciendo desde prisión, pero esta medida ha encendido las alarmas por su alto riesgo operativo.
Riesgos y nombres clave
Fuentes cercanas al proceso advierten que existe un peligro significativo. “Lo que pudo pasar en la cárcel es que ‘Pocho’ se les salió de las manos, o también puede ser que quieran poner los focos sobre él a manera de distracción”, señaló una fuente a medios locales. El nombre de Paulo Andrés Torres, alias ‘Pocho’, ha cobrado relevancia no solo por su presunta participación en la organización del evento, sino por las implicaciones de su traslado.
Según información conocida, su salida de Itagüí podría impactar directamente zonas como la Comuna 13 de Medellín, debido a sus vínculos con estructuras criminales que operan allí. En la cárcel permanecen otras figuras de alto perfil como alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Vallejo’, lo que eleva la complejidad del operativo de seguridad.
Refuerzos de seguridad e irregularidades
En paralelo, las autoridades han reforzado la seguridad en el perímetro del penal con presencia militar, ante la posibilidad de intentos de fuga o acciones violentas para impedir los traslados. El caso también ha dejado al descubierto presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario.
Según las investigaciones, varios funcionarios habrían permitido el ingreso de personas, licor y otros elementos prohibidos. El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, explicó: “Estamos haciendo un trabajo importante con la Policía y con la Fiscalía para determinar de quién son esos vehículos que ingresaron ese día… hay carros y camionetas que pertenecen a algunos funcionarios”.
Se indaga si algunos guardianes recibieron dinero para facilitar el ingreso de los asistentes a la fiesta, aunque no se descarta que también hayan actuado bajo presión de los propios internos. Otro elemento que complica el panorama es la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad dentro del penal, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones.
Preocupaciones sociales y avances
El proceso de traslado no será inmediato, ya que la definición de quiénes serán movidos depende de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, generando tensiones en el Inpec y otras entidades de seguridad. Desde sectores sociales también hay preocupación por las consecuencias territoriales.
Carlos Augusto Henao, integrante de un comité de derechos humanos en Medellín, afirmó: “El temor está generalizado dentro de Medellín y en los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá”. Mientras tanto, avanzan las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, y se define el futuro de los internos, con el caso escalando como uno de los más delicados en materia de seguridad carcelaria y orden público en Colombia.
