Caso cárcel de Itagüí: Alto Comisionado para la Paz define traslado de capos tras escándalo
Lo que comenzó como un hecho más de corrupción dentro del sistema penitenciario colombiano se ha convertido en un complejo problema que involucra dimensiones jurídicas, políticas y sociales de gran alcance. El pasado 8 de abril, se permitió el ingreso del artista Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí en Antioquia, desencadenando un escándalo nacional que sigue generando repercusiones.
Investigaciones en marcha y alertas de seguridad
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía General de la Nación han iniciado investigaciones separadas sobre los hechos ocurridos en el pabellón dos del centro penitenciario. La concejala Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, quien reveló las imágenes del evento, ha aprovechado la coyuntura para cuestionar el proceso de paz que lidera el gobierno de Gustavo Petro con los capos del Valle de Aburrá que participaron en la celebración.
La orden presidencial de trasladar a estos criminales a cárceles de Bogotá ha generado una alerta máxima en Medellín, especialmente por las posibles represalias que podrían tomarse. Las autoridades están enfocadas en contener cualquier intento de fuga o rescate de estos capos de alto calibre, entre los que se encuentran alias Douglas, 'Tom', 'Carlos Pesebre' y 'Vallejo'.
El rol crucial del Alto Comisionado para la Paz
Según fuentes internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado ordenado por el presidente Petro no será un procedimiento sencillo. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la entidad encargada de delimitar quiénes serán los trasladados, una tarea que podría tomar varios días.
Aunque la fiesta se realizó específicamente en la estructura dos de la cárcel, el presidente ordenó un cambio de reclusión para todos los capos criminales alojados tanto en esa estructura como en la uno. Lo más probable, según fuentes consultadas, es que sean recluidos en diferentes cárceles de máxima seguridad en Bogotá.
Preocupaciones en Medellín y el Valle de Aburrá
Carlos Augusto Henao, miembro del Comité de Derechos de la Comuna 5 de Medellín, expresó la preocupación generalizada en la región: "El temor está generalizado dentro de Medellín y en los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. En los territorios se ha visto una reducción en violencias como homicidios y extorsiones. El miedo con el traslado está en que vuelvan a delimitarse fronteras invisibles de disputa por economías criminales".
Las estadísticas de la Alcaldía de Medellín respaldan estas preocupaciones. Febrero pasado registró el número más bajo de homicidios en los últimos 50 años, con solo 11 casos. Además, la ciudad ha mantenido tasas de homicidio históricamente bajas durante 2024 y 2025, con una reducción del 56% en hurtos a establecimientos comerciales en lo corrido de 2025.
Implicaciones de guardias y fallas en vigilancia
La investigación ha revelado que guardias de seguridad habrían recibido aproximadamente $10 millones para permitir el ingreso de Velásquez, bebidas alcohólicas, comida y personas no autorizadas. Sin embargo, las autoridades consideran un atenuante: la peligrosidad de los capos podría haber coaccionado a los funcionarios.
Un aspecto preocupante es el estado de las cámaras de seguridad dentro de la cárcel. Aunque están instaladas, no funcionan debido al deterioro progresivo de los equipos. El Inpec ha solicitado desde 2023 a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la renovación del sistema. Recientemente se suscribió un contrato por $2.600 millones para modernizar las cámaras en cuatro establecimientos, incluido Itagüí, con implementación prevista para finales de abril.
Consecuencias internas y tensiones institucionales
El malestar entre los capos se ha incrementado producto del traslado ordenado, especialmente en 'Douglas' y su gente, quienes se muestran inconformes por ser movidos de sus celdas debido a un escándalo ocurrido en un patio ajeno al suyo.
Actualmente hay tensión al interior del Inpec y la Policía Nacional por la decisión que tomará el Alto Comisionado para la Paz respecto a los trasladados. Mientras tanto, la Procuraduría ha tomado el poder preferente para investigar el caso y ya tiene vinculados a más de una decena de guardias.
Las comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá observan con cautela las decisiones gubernamentales, conscientes de que podrían incidir directamente en la seguridad y estabilidad de sus territorios. Ahora corresponde a las entidades judiciales entregar respuestas concretas sobre lo sucedido en la cárcel de Itagüí y sus implicaciones para el proceso de paz urbana en desarrollo.
