Gobierno de Petro cancela contratos de salud en cárceles por irregularidades en su implementación
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión preliminar de terminar los contratos para la prestación de servicios de salud en las cárceles del país, tras identificar múltiples inconsistencias en su implementación. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien también se desempeña como secretario de Transparencia.
Advertencias ciudadanas y respuesta gubernamental
La medida responde a las quejas presentadas por la Red de Veedurías Ciudadanas ante la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Estas entidades alertaron que el Consejo del Fondo de Salud para la Población de la Libertad habría implementado un modelo de atención con un único operador sin contar con estudios técnicos, jurídicos y financieros que respaldaran dicha decisión.
"La decisión preliminar del Ministerio de Justicia es terminar los contratos de salud bajo todos los anteriores argumentos fácticos y jurídicos", declaró Idárraga en sus redes sociales.
Irregularidades en la contratación
El ministro encargado reconoció que la contratación de los actuales operadores de salud para las personas privadas de la libertad se realizó fuera de las competencias del Fondo Fiduciario y sin la debida consulta al alto gobierno. Además, reveló que se han verificado numerosos incumplimientos en la prestación de los servicios de salud por parte de estos operadores.
"He verificado un número importante de incumplimientos en la prestación de servicios de salud por parte de los operadores que atienden a las personas privadas de la libertad. Situación de la que es responsable la Fiduprevisora por ser el supervisor de estos contratos", afirmó Idárraga.
Críticas a gestiones anteriores
El ministro de Justicia encargado también se refirió a la gestión de sus antecesores en el cargo, señalando que omitieron cumplir con una orden presidencial. "La orden del presidente de la República, que mis antecesores engavetaron, es garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida y dentro del régimen subsidiado de salud", expresó en su cuenta de X.
Durante la administración de Petro, el Ministerio de Justicia ha sido dirigido por reconocidos abogados como:
- Néstor Osuna
- Ángela María Buitrago
- Eduardo Montealegre
Quienes enfrentaron graves problemas humanitarios en las cárceles del país, incluyendo hacinamiento, falta de garantías y deficiencias en servicios como la salud.
Llamado a las personerías municipales
Ante esta situación, Idárraga hizo un llamado a todas las personerías municipales del país para que compartan los informes que han elaborado sobre la garantía del derecho humano a la salud de las personas privadas de la libertad. Esta solicitud busca recopilar información que permita una mejor toma de decisiones en el futuro.
La decisión de cancelar los contratos podría afectar temporalmente la prestación de servicios de salud en las cárceles, pero el gobierno argumenta que es necesaria para corregir las irregularidades detectadas y garantizar un servicio adecuado para la población carcelaria.
