Consejera vasca defiende aplicación rigurosa de normativa penitenciaria para presos de ETA
La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reconocido abiertamente que las decisiones tomadas en cumplimiento de la normativa penitenciaria "generan mucho dolor en las víctimas" de la organización terrorista ETA. Sin embargo, durante una visita realizada este martes a la zona de la prisión de Martutene en San Sebastián, la consejera ha subrayado que el Gobierno Vasco mantiene una postura "completamente rigurosa en la aplicación y cumplimiento" de la legislación política penitenciaria vigente.
Visita a la prisión de Martutene y planes de derribo
San José realizó esta declaración junto a la prisión de Martutene, acompañada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso. La visita tenía como objetivo principal abordar los planes para el futuro derribo de este centro penitenciario, con el propósito específico de construir viviendas protegidas en la zona. Este proyecto urbanístico representa una transformación significativa para el área, aunque la presencia de presos de ETA en el centro sigue generando controversia.
El caso de Txeroki y el régimen de semilibertad
En la prisión de Martutene cumple actualmente condena Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, quien fuera exjefe de la organización terrorista ETA. Este preso se beneficia actualmente de un régimen de semilibertad concedido por el Gobierno Vasco, lo que le permite salir de prisión de lunes a viernes para trabajar y realizar labores de voluntariado en la provincia de Gipuzkoa. Esta situación ha generado un notable malestar entre diversas asociaciones de víctimas del terrorismo, quienes han expresado públicamente su descontento.
Frente a las preguntas sobre este caso concreto, la consejera San José se ha mostrado "rehusada a pronunciarse", argumentando que "no suelo hablar sobre la situación personal de ningún preso que está en un centro penitenciario y no lo voy a hacer ahora". Esta postura evasiva busca mantener la neutralidad institucional mientras se aplican los procedimientos establecidos.
Fundamentos jurídicos y proceso democrático
La consejera ha explicado que la Junta de Tratamiento Penitenciario tomó la decisión sobre el régimen de semilibertad "teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en un plan de ejecución". San José ha enfatizado que "se aplica y se cumple la ley y las sentencias", recordando que "los órganos judiciales tienen su función" dentro del sistema.
"El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática", ha añadido la consejera, defendiendo así la integridad del sistema penitenciario vasco. Según su perspectiva, este marco legal proporciona las bases necesarias para tomar decisiones difíciles pero fundamentadas.
Preparación para la reinserción y visión de Euskadi
San José ha señalado que, tanto para los presos de ETA como para el resto de la población reclusa, las instituciones trabajan para "prepararlos para volver a las calles de una Euskadi que es justo lo contrario a lo que ellos combatieron". Esta preparación forma parte de un proceso de reinserción social que busca facilitar la transición de los presos hacia la vida en libertad.
La consejera ha realizado una reflexión significativa sobre la sociedad vasca: "A pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi era y es una sociedad plural y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada a pesar de ellos". Esta declaración subraya la resiliencia de la sociedad vasca frente a la violencia terrorista.
Compromiso con las víctimas y rigor institucional
María Jesús San José ha insistido en su "profundo respeto" hacia las víctimas del terrorismo, afirmando que "es precisamente el respeto hacia ellas lo que obliga a todas las instituciones, los poderes públicos y medios de comunicación a ser especialmente rigurosos con la verdad". Este compromiso con la veracidad y la transparencia busca mantener la confianza pública en las instituciones.
Finalmente, la consejera ha subrayado que "las víctimas siempre estarán en el corazón de las políticas públicas de mi departamento y jamás perderemos el rumbo pensando en cálculos electorales". Esta declaración busca reforzar la idea de que las decisiones penitenciarias se toman con base en criterios jurídicos y éticos, no en consideraciones políticas coyunturales.
