Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos en atención de salud para población carcelaria
La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia pública sobre los posibles riesgos que enfrentaría la atención en salud de más de 110.000 personas privadas de la libertad en Colombia, luego de la decisión de implementar un esquema de operador único a cargo de la Nueva EPS.
Preocupación por situación financiera de Nueva EPS
La alerta del órgano de control surge después de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad determinara que esta Entidad Promotora de Salud asumirá la prestación del servicio para la población carcelaria, reemplazando el modelo anterior.
Según la Defensoría, la preocupación se fundamenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, situación que ha sido advertida previamente por la Procuraduría General de la Nación luego de dos años de intervención del gobierno de Gustavo Petro.
Incertidumbre sobre capacidad real de atención
A esta situación se suma el elevado número de acciones de tutela interpuestas en contra de esta EPS durante 2025, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención integral de esta población vulnerable, que depende completamente del Estado para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La entidad recordó que la Corte Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, mediante igual número de sentencias, debido a fallas estructurales persistentes, especialmente en materia de salud.
Requisitos para una transición segura
En este contexto, la Defensoría subrayó la importancia de que el proceso de transición esté respaldado por:
- Estudios técnicos suficientes
- Planeación rigurosa que garantice continuidad asistencial
- Evitar interrupciones en tratamientos médicos
- Asegurar suministro oportuno de medicamentos
La entidad también reveló que desde enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para aportar al proceso de toma de decisiones a través de sus delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Llamados a las autoridades competentes
En su calidad de entidad líder en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Defensoría instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a garantizar la prestación inmediata y sin interrupciones de los servicios de salud durante todo el proceso de transición.
Asimismo, la Defensoría pidió al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a la Uspec:
- Presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del operador único
- Divulgar el plan de red integral de prestadores
- Publicar los contratos que permitan verificar la capacidad instalada
Plan de transición detallado requerido
Al final, la Defensoría solicitó que se adopte un plan de transición detallado, con cronograma y responsables claros, que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control y que se garantice un enfoque diferencial para poblaciones vulnerables dentro de los centros de reclusión.
La entidad reiteró que activará todos los mecanismos de su competencia si se advierten vulneraciones al derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad, enfatizando la necesidad de proteger los derechos de esta población especialmente vulnerable dentro del sistema carcelario colombiano.
