Procuraduría ratifica sanciones severas por negligencia en emblemática fuga
La Procuraduría General de la Nación ha confirmado en segunda instancia la destitución e inhabilidad por diez años para la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Diana Cecilia Muñoz Miguez, por su responsabilidad disciplinaria directa en la espectacular fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo. Este histórico escape ocurrió el primero de octubre de 2019 durante una cita médica dental fuera del centro penitenciario, generando un escándalo nacional que ahora culmina con sanciones ejemplarizantes.
Negligencia sistemática en procedimientos de seguridad
Según las determinaciones del Ministerio Público, la exdirectora Muñoz Miguez autorizó personalmente la salida de la persona privada de la libertad hacia el Centro Médico de La Sabana, donde Merlano debía someterse a un procedimiento estético dental. Sin embargo, la investigación disciplinaria demostró contundentemente que este traslado se realizó sin la autorización expresa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, lo que es más grave, sin implementar las medidas de seguridad mínimas para una interna catalogada como de alto riesgo por su perfil político y condenas por corrupción electoral.
Sanciones extendidas a cadena de mando penitenciaria
La decisión disciplinaria de segunda instancia también impuso idéntica sanción de destitución e inhabilidad por una década al excomandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien firmó la remisión médica sin garantizar el esquema de seguridad requerido para un traslado de esta naturaleza. Paralelamente, fue sancionada la exsubdirectora Katherine Lozano Forero, por aprobar formalmente el traslado de Merlano al consultorio médico los días 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019, facilitando así las condiciones para la posterior evasión.
En su fallo definitivo, la Procuraduría determinó que estos funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias gravísimas relacionadas directamente con la custodia de la excongresista. El organismo de control estableció que Muñoz Miguez y Álvarez Cárdenas cometieron faltas gravísimas con dolo, evidenciando intencionalidad en sus omisiones, mientras que la exsubdirectora Lozano Forero incurrió en una falta gravísima a título de culpa gravísima por su negligencia extrema.
Otras sanciones complementarias en la estructura carcelaria
Adicionalmente, el exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón recibió una sanción de suspensión por tres meses, tras permitir irregularmente un encuentro familiar entre Merlano y sus hijos durante una de las citas médicas previas a la fuga. El Ministerio Público concluyó de manera unánime que las conductas de todos los disciplinados vulneraron principios fundamentales de la función pública, entre los que destacan:
- Moralidad administrativa
- Responsabilidad en el ejercicio del cargo
- Transparencia en los procedimientos
- Eficacia en el cumplimiento de funciones
Estos principios están establecidos en la normativa que regula estrictamente el actuar de los servidores públicos colombianos y su violación conlleva consecuencias severas como las ahora confirmadas.
Reconstrucción del histórico episodio de fuga
El caso disciplinario se remonta específicamente al 1 de octubre de 2019, cuando Aída Merlano, excongresista condenada por delitos de corrupción electoral, protagonizó una fuga cinematográfica mientras asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá. Pese a estar bajo custodia oficial, las cámaras de seguridad registraron el momento preciso en que Merlano descendió desde el tercer piso del edificio utilizando una cuerda atada estratégicamente a un mueble del consultorio dental.
Posteriormente, la excongresista abordó una motocicleta que la esperaba coordinadamente en la calle y huyó del lugar, iniciando una búsqueda nacional que capturó la atención mediática durante semanas. Este episodio no solo expuso graves fisuras en el sistema penitenciario colombiano, sino que también generó un debate nacional sobre la eficacia de los protocolos de seguridad para reclusos de alto perfil.
Las sanciones ahora confirmadas por la Procuraduría en segunda instancia representan un cierre disciplinario a uno de los casos más emblemáticos de negligencia carcelaria en la historia reciente de Colombia, enviando un mensaje contundente sobre las consecuencias del incumplimiento de los deberes funcionales en el sistema penitenciario nacional.
