Gobierno atribuye fallas en brazaletes electrónicos a vandalismo de presos
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) ha respondido a una investigación periodística que reveló fallas constantes en los sistemas de monitoreo electrónico para personas con prisión domiciliaria, asegurando que no existen problemas estructurales en el funcionamiento de los dispositivos.
Según la entidad, las incidencias registradas desde 2024 corresponden principalmente a daños intencionales causados por la población privada de la libertad, quienes vandalizan los dispositivos de manera violenta para evadir la vigilancia.
Investigación revela casos preocupantes
Una investigación de EL TIEMPO documentó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha reportado fallas reiteradas en los sistemas electrónicos encargados de vigilar a personas con medidas de aseguramiento en casa, incluyendo a internos catalogados como peligrosos.
Los dispositivos, que incluyen brazaletes y equipos de comunicación, están diseñados para permitir la georeferenciación y el control del cumplimiento de las medidas, pero presentan desconexiones constantes según los reportes internos de las cárceles.
Casos específicos documentados
Entre los casos más preocupantes se encuentra el de Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, señalado del asesinato del narcotraficante Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, ocurrido en Medellín en marzo de 2024.
Documentos internos del Inpec revelan que este individuo no reportaba alertas por mantenerse dentro de las geocercas establecidas, lo que generó preocupación entre las autoridades. La Uspec respondió que, en este caso particular, la medida de aseguramiento fue revocada gracias al seguimiento permanente y la documentación de alertas.
Otro caso documentado es el de Jesús David Sánchez Calderón, quien registró violaciones a la zona de su domicilio. Sobre este particular, la Uspec aseguró que "el sistema permitió seguimiento permanente" y que el Inpec reportó más de 60 informes al juez competente.
Inversión millonaria en el sistema
El sistema de brazaletes electrónicos es contratado por la Uspec, una entidad hermana del Inpec encargada de gestionar los recursos para la población carcelaria. El último contrato para estos dispositivos le costó al Estado 113 mil millones de pesos, una inversión significativa en el sistema de vigilancia electrónica.
Actualmente, 5.154 personas cuentan con seguimiento electrónico a través de brazaletes, según datos oficiales proporcionados por la entidad.
Respuesta oficial de la Uspec
La Unidad de Servicios Penitenciarios fue enfática al señalar que "no existe afectación estructural ni sistémica" en el funcionamiento del sistema. Además, explicaron que las incidencias se deben a situaciones operativas específicas, incluyendo:
- Daños intencionales a los dispositivos por parte de los reclusos
- Interferencias ambientales que afectan la señal
- Actos de vandalismo violento contra los equipos
"Los dispositivos no son indestructibles frente a actos de vandalismo violento e intencional por parte de las personas privadas de la libertad, siendo esta la principal causa de desconexiones temporales", concluyó la entidad en su respuesta oficial.
La Uspec también destacó que el sistema cumple con su finalidad contractual al generar alertas automáticas por vandalismo, transgresión de geocercas o desconexiones, las cuales son remitidas inmediatamente a los jueces competentes para su evaluación y toma de decisiones.
