Fiscalía suspende órdenes de captura contra 23 cabecillas de la mesa de paz urbana
Tras una reunión de alto nivel entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, el ente acusador emitió la Resolución 00027 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se levantaron las órdenes de captura de 23 cabecillas que actúan como voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí.
Estos capos condenados, históricamente reconocidos por liderar estructuras criminales del Valle de Aburrá, hoy están vinculados como voceros al espacio sociojurídico de conversaciones de paz urbana que se desarrolla entre el Gobierno Nacional y los grupos delincuenciales organizados desde hace casi tres años.
Marco jurídico y polémica nacional
El documento, revelado el martes 31 de marzo, establece que desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz se solicitó la suspensión de las órdenes de captura contra los 23 cabecillas. La decisión se sustenta en los logros consolidados por la mesa de paz urbana, incluyendo la reducción de homicidios en Medellín durante 2024 y 2025.
Sin embargo, la medida generó una intensa polémica a nivel nacional, tanto en la opinión pública como entre mandatarios y figuras políticas, quienes señalaron que representa un alto riesgo y una afrenta a las víctimas y fuerzas públicas.
Para calmar las críticas, tanto la Fiscalía como la Oficina del Alto Comisionado de Paz emitieron comunicados aclarando que a los cabecillas no se les está concediendo libertad y que la medida es estratégica, con vigencia inicial de seis meses. Además, señalaron que busca garantizar condiciones jurídicas para que los voceros continúen generando hechos de paz y desescalando violencias en el Valle de Aburrá.
Los expedientes desclasificados de los capos
Entre los 23 cabecillas beneficiados, siete ya se encuentran en libertad: Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias El Montañero), Albert Antonio Henao Acevedo (alias Alber), Andrés D’María Oliveros Correa (alias Mundo Malo), Jhon Fredy Yepes Hoyos (alias Clemente), Mauricio de Jesús Morales Múnera (alias El Abogado), Fredy Alexánder Henao Arias (alias Naranjo) y Rodrigo Henao Acevedo (alias Perica).
Los expedientes desclasificados revelan los extensos historiales criminales de estos individuos:
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (alias Vallejo): Sucesor de alias Tom en 'Los Chatas' y 'La Oficina', creador y financiador del GDO 'El Mesa'. Condenado a 14 años de prisión en 2020 por extorsión, tráfico de armas y lavado de activos.
- Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias El Montañero): Exguerrillero del EPL, fundador de 'El Mesa'. Capturado cuatro veces, vinculado actualmente con el ELN, disidencias de las FARC y el Tren de Aragua.
- José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas): Máximo cabecilla histórico del GDO 'La Terraza'. Condenado a 32 años por secuestro extorsivo, de los cuales lleva 16 cumplidos. Sigue dirigiendo desde prisión.
- Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom): Fundador del GDO 'Los Chatas', incluido en la Lista Clinton en 2015. Capturado en 2017 y condenado a 16 años por concierto para delinquir y lavado de activos.
- Albert Antonio Henao Acevedo (alias Alber): Exparamilitar del Bloque Centauros, cofundador del GDO 'Pachelly'. Coordina monopolios de comercialización en Bello. Actualmente libre.
- Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre): Máximo cabecilla histórico del GDO 'Robledo', incluido en lista OFAC de Estados Unidos. Condenado a 45 años combinados, continúa dirigiendo desde prisión.
Perfiles adicionales de alto impacto
La lista incluye otros nombres notorios como Juan Camilo Rendón Castro (alias El Saya), condenado a 14 años y ocho meses; Dayron Alberto Muñoz Torres (alias El Indio), con doble condena por homicidio y secuestro; y Jesús David Hernández Grisales (alias Chaparro), conocido como 'el sicario de sicarios' que alteró sus huellas dactilares y rostro para evadir identificación.
También destacan Iván Darío Suárez Muñoz (alias Barbas), extraditado a Estados Unidos en 2009; Paulo Andrés Torres Flórez (alias Pocho), condenado a 36 años por homicidio; y Sebastián Murillo Echeverri (alias Lindolfo), hijo de un socio de Pablo Escobar, condenado a 18 años.
Los expedientes judiciales subrayan la peligrosidad y el historial delictivo de estos individuos, lo que ha impedido despejar las dudas sobre la decisión de suspender sus órdenes de captura. A pesar de las explicaciones oficiales, persisten cuestionamientos sobre los riesgos que representa esta medida para la seguridad pública y la justicia en Colombia.
