Funcionaria penitenciaria armada es capturada en acto político con presencia de Uribe y Valencia
Este jueves 26 de febrero, las autoridades realizaron una captura sorpresiva durante un evento político en el municipio de Honda, departamento del Tolima. El incidente ocurrió en el parque José León Armero, donde se desarrollaba una concentración con la participación de la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Detalles de la intervención
Según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la mujer detenida es una de sus funcionarias, pero al momento de los hechos no se encontraba en actos del servicio, sino que estaba disfrutando de su período de vacaciones. La entidad confirmó que la empleada ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso investigativo.
El partido político organizador del evento, a través de un comunicado oficial, solicitó a las autoridades "adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa" que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar. Además, exigió al Gobierno nacional garantías electorales y condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo de las actividades políticas, especialmente en el contexto de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Contexto y reacciones
Este incidente se produce en un momento de alta tensión política en Colombia, donde diversos sectores han manifestado preocupación por la seguridad en eventos de campaña. La presencia de una funcionaria penitenciaria armada en un acto político, aún estando de vacaciones, ha generado múltiples interrogantes sobre los protocolos de seguridad y el porte de armas en este tipo de concentraciones.
Las autoridades no han proporcionado detalles sobre el tipo de arma que portaba la funcionaria, ni sobre sus posibles intenciones al asistir al evento. Sin embargo, el caso ya ha sido puesto en conocimiento de las instancias correspondientes para determinar si existió alguna vulneración a los reglamentos institucionales o a la normativa sobre porte de armas.
El Inpec reiteró su compromiso con colaborar plenamente con la investigación y aclaró que, al tratarse de una situación ocurrida durante el período vacacional de la funcionaria, corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades del caso.
