La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional realizó inspecciones judiciales en diversas cárceles, penitenciarías y centros de detención transitoria del país, revelando condiciones críticas de reclusión. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran personas privadas de la libertad que permanecen hasta cinco años en instalaciones diseñadas para detenciones de apenas 36 horas, hacinamientos superiores al 500%, falta de medicamentos y condiciones sanitarias precarias.
Inspecciones en varias regiones
Las visitas comenzaron en La Guajira, Santander y Cesar, y continuarán en Boyacá y Bogotá. El objetivo es verificar directamente las condiciones de reclusión y el cumplimiento de órdenes judiciales emitidas para superar la crisis penitenciaria del país. Durante las diligencias, los magistrados escucharon testimonios de los internos y revisaron aspectos como hacinamiento, acceso a salud, alimentación, infraestructura y servicios públicos.
Casos críticos documentados
Uno de los casos más graves se registró en el antiguo centro de detención transitoria “CAIMEG”, en Riohacha. Allí, la Corte encontró cerca de 280 personas recluidas en un lugar con capacidad para unas 130, es decir, una sobreocupación superior al 100%. En algunos patios diseñados para entre 12 y 15 personas había más de 50 internos. Además, todos los detenidos excedían el límite legal de permanencia de 36 horas y algunos llevaban hasta cinco años recluidos en un espacio temporal.
La inspección también evidenció problemas de infraestructura: instalaciones eléctricas expuestas, humedad, almacenamiento de agua en recipientes improvisados, insuficiencia de baños y espacios reducidos usados al mismo tiempo para dormir, cocinar y guardar pertenencias.
En la cárcel de Riohacha, la Corte halló 366 personas privadas de la libertad en un establecimiento diseñado para cerca de 100 cupos, lo que representa una sobrepoblación cercana al 266%. Según el informe, algunos internos dormían en hamacas y colchonetas improvisadas, mientras que el suministro de agua potable no era permanente y dependía de carrotanques. También se identificaron hongos, humedad y problemas eléctricos.
En Bucaramanga, la Estación de Policía Norte registró otra situación crítica: 154 personas permanecían detenidas en instalaciones pensadas para entre 15 y 20 personas. La totalidad de los reclusos había superado las 36 horas de permanencia legal y algunos acumulaban hasta dos años en el lugar.
La inspección en el centro de detención transitoria “La Permanente”, en Valledupar, mostró uno de los indicadores más alarmantes: 349 personas privadas de la libertad en un espacio para apenas 70, lo que representa un hacinamiento superior al 500%. La Corte también verificó que 328 personas ya tenían orden de traslado a una cárcel, pero seguían recluidas allí, algunas desde 2023 y 2024.
En ese centro, además, se reportó la ausencia de personal médico permanente y problemas en la entrega de medicamentos. Según lo informado durante la diligencia, la Nueva EPS no estaría entregando medicinas desde diciembre de 2025, afectando tratamientos de personas privadas de la libertad. También se documentó que durante 2025 se habrían perdido más de mil audiencias judiciales por problemas logísticos e institucionales.
La Corte también inspeccionó la cárcel de Girón, en Santander, donde encontró un nivel de hacinamiento menor, cercano al 7%, y evidenció programas de educación, trabajo y resocialización. Sin embargo, persistían dificultades relacionadas con medicamentos, seguridad y el ingreso de elementos prohibidos como celulares mediante drones y lanzamientos desde el exterior.
Continuidad de las inspecciones
La inspección judicial continuará durante las próximas semanas en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, y en las cárceles de El Barne y Cómbita, en Boyacá, mientras la Corte Constitucional mantiene el seguimiento al llamado “estado de cosas inconstitucional” del sistema penitenciario colombiano.
Reacción del Ministerio de Justicia
Ante este panorama, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que los centros de detención preventiva se han convertido en una “tragedia humanitaria” y pidió una solución integral al problema. Acusó a la Corte Constitucional de “falta de perspectiva de política pública en sus decisiones”, pues considera que este tema no debe recaer en los entes territoriales sin un plan de ajuste institucional y financiero.
