INPEC analiza solicitud de traslado de congresista investigada por caso UNGRD
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, confirmó oficialmente que las autoridades penitenciarias se encuentran evaluando la petición formal presentada por la defensa de la congresista Karen Manrique para trasladar su lugar de reclusión. La solicitud busca mover a la representante desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá hacia un batallón militar ubicado en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico.
Argumentos de seguridad y coordinación institucional
Los abogados defensores de Manrique fundamentan su petición en riesgos específicos de seguridad que enfrentaría la congresista dentro del sistema penitenciario ordinario, particularmente debido a su directa vinculación con el monumental escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según los argumentos presentados, su condición de investigada en este caso de alto perfil la expone a amenazas concretas dentro de la población reclusa regular.
El director Gutiérrez fue enfático al aclarar que la decisión final no recae exclusivamente en el INPEC. "El Instituto Nacional Penitenciario no puede definir unilateralmente una guarnición militar o una estación de policía como lugar de reclusión", explicó el funcionario. "Esta determinación depende fundamentalmente de la disponibilidad de cupos que puedan otorgar las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, requiriendo necesaria coordinación interinstitucional".
Contexto del caso y situación actual
Actualmente, la congresista Karen Manrique permanece recluida en el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor en la capital del país, mientras se desarrollan las gestiones de coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional. La solicitud de traslado se formalizó apenas horas después de que Manrique y el senador conservador Wadith Manzur abandonaran el búnker de la Fiscalía General de la Nación bajo un dispositivo de seguridad excepcional para ingresar formalmente al sistema carcelario.
El magistrado Misael Rodríguez, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, había ordenado previamente agilizar todos los trámites administrativos y judiciales necesarios para definir el lugar definitivo de detención de ambos legisladores. Esta orden judicial buscaba garantizar tanto la seguridad de los procesados como el normal desarrollo de las investigaciones.
Acusaciones y montos involucrados
Los dos congresistas enfrentan procesamiento penal por presuntamente haber negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos millonarios con el Estado colombiano. Según los hallazgos de la Corte Suprema, los legisladores habrían pactado en encuentros clandestinos el impulso de proyectos específicos en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Este complejo entramado de corrupción habría generado un daño patrimonial al erario público cercano a los 92.000 millones de pesos, montos derivados principalmente de sobrecostos identificados en la contratación de carrotanques destinados a la atención de la emergencia en La Guajira. El caso también mantiene privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, evidenciando la magnitud transversal de las investigaciones.
Posición de la defensa y situación política
El abogado defensor Andrés Garzón, representante legal de Karen Manrique, sostuvo públicamente que todas las gestiones realizadas por su defendida respondieron exclusivamente a un paro cívico legítimo y adelantó que la congresista no aceptará los cargos formulados en su contra. Esta postura contrasta con las evidencias presentadas por la Fiscalía y la Corte Suprema en el desarrollo del proceso.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y de su captura en el municipio de Tame, Manrique conservó su escaño en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, obteniendo 5.640 votos durante los últimos comicios legislativos. Esta curul queda ahora sujeta a las determinaciones institucionales de reemplazo que deba adoptar el Congreso de la República tras la confirmación formal de su privación de libertad, un proceso que podría desencadenar nuevas tensiones políticas en el legislativo.
