Procuraduría investiga contrato millonario de cámaras en Bogotá por presuntas fallas
La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. La indagación se centra en el contrato SCJ-1904-2023, cuyo valor supera los 14.300 millones de pesos, destinado a fortalecer el sistema de videovigilancia mediante cámaras con tecnología de reconocimiento de placas vehiculares.
Funcionarios investigados por posibles irregularidades
Entre los investigados se encuentran:
- Óscar Antonio Gómez Heredia
- César Andrés Restrepo Flórez
- Diana Carolina Zárate Pérez
- Helga Milena Hernández Reyes
- Ada Luz Sandoval Herazo
- Iván Hersayn Pinilla Herrera
- Sandra Milena Santafé Patiño
- Jairo Alonso Bohórquez Blanco
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, el contrato presentaría posibles fallas desde su etapa inicial de estructuración, lo que habría generado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales.
Deficiencias detectadas en la planeación del proyecto
La Procuraduría ha identificado varias deficiencias en la planeación del contrato, incluyendo:
- Definición inadecuada de los sitios para instalación de cámaras
- Falta de disponibilidad de acometidas eléctricas necesarias
- Gestión deficiente de permisos para intervención del espacio público
- Estimación incorrecta del tiempo requerido para ejecución
Estas situaciones podrían haber afectado la eficiencia del proyecto y el cumplimiento de su propósito principal de fortalecer la videovigilancia en la capital.
Diligencias ordenadas para determinar responsabilidades
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ha ordenado la práctica de pruebas técnicas y documentales, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. El objetivo es establecer si las dificultades detectadas durante la ejecución podían haberse previsto desde la etapa de planeación, lo que permitiría determinar responsabilidades disciplinarias.
Además, el ente de control dispuso compulsar copias para investigar en un proceso separado las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato. Esta investigación representa un escrutinio significativo sobre la gestión de recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana en Bogotá.
