Congresista de las curules de paz será recluida en prisión de alta seguridad
La representante Karen Manrique, quien ocupa una de las curules de paz en el Congreso de la República, será trasladada a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública “CPAMS EJEMA”. Este centro carcelario se encuentra ubicado en el Batallón de Ingenieros Número dos Vergara y Velasco, situado en el municipio de Malambo, departamento del Atlántico.
Resolución del Inpec ordena el cambio de establecimiento
La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. El documento establece el cambio de lugar de reclusión para la congresista, quien enfrenta una orden de prisión preventiva por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Anteriormente, el pasado 18 de marzo, el Inpec había determinado que Manrique cumpliría su medida de aseguramiento en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en Bogotá. Sin embargo, la nueva resolución modifica esa disposición y ordena su traslado al centro de alta seguridad en el Atlántico.
Implicaciones del caso de corrupción en la Ungrd
La congresista Karen Manrique está siendo investigada por su presunta vinculación con los hechos de corrupción que han sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este escándalo ha generado amplia repercusión nacional por tratarse de una entidad encargada de manejar recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en todo el territorio colombiano.
El traslado a una cárcel de alta seguridad refleja la gravedad de los cargos que se le imputan y las consideraciones de seguridad que rodean su caso. La CPAMS EJEMA está específicamente diseñada para albergar a miembros de la fuerza pública y personas cuyos casos requieren medidas especiales de custodia.
Esta información fue confirmada por fuentes oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, aunque el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas determinaciones judiciales en las próximas horas. Las autoridades competentes mantienen una investigación activa sobre los alcances del escándalo de corrupción en la Ungrd y las posibles responsabilidades de otros implicados.
