Congresistas enfrentan reclusión por presunta corrupción en gestión de desastres
Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados en las investigaciones del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han sido trasladados definitivamente a centros de reclusión tras entregarse voluntariamente a las autoridades judiciales. Este movimiento se produce en medio del creciente escándalo de corrupción que ha sacudido a la entidad encargada de manejar emergencias en Colombia.
Destinos penitenciarios definidos por autoridades judiciales
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó oficialmente que el recién elegido senador Wadith Manzur cumplirá su medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros en Bogotá, mientras que la representante a la Cámara Karen Manrique será recluida en la cárcel El Buen Pastor. Esta decisión se tomó después de que la Corte Suprema de Justicia exigiera urgentemente definir los lugares de reclusión permanente para ambos políticos.
Anteriormente, Manzur y Manrique permanecían bajo custodia transitoria en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se entregaron para responder por el delito de cohecho impropio dentro del entramado de corrupción de la Ungrd. La asignación de los centros penitenciarios ocurrió cinco días después de que el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, solicitara formalmente a la autoridad penitenciaria acelerar los trámites administrativos.
Proceso judicial y defensas presentan argumentos contrapuestos
Los reportes iniciales indicaron que el Inpec buscaba cupos para enviar a Manzur a la cárcel La Picota, pero la decisión final priorizó la Escuela de Carabineros. En el caso de Manrique, su defensa radicó una petición exigiendo evaluar un centro especial "debido a las condiciones de seguridad", con el objetivo de garantizar su integridad física durante el proceso judicial.
A través de sus plataformas digitales, el representante conservador Wadith Manzur señaló que afronta el proceso con calma, asegurando tener "la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley". Su abogado, Luis Carlos Torregrosa, preparó recursos de reposición y apelación contra la medida de detención.
Por su parte, el abogado de la representante Manrique, Andrés Garzón, explicó que las gestiones de su clienta, vinculadas a un paro cívico de 2023, están amparadas por la Ley Quinta de 1992, normativa que faculta a los legisladores para tramitar proyectos regionales. Además, desestimó tajantemente las acusaciones de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y aclaró que la política araucana no buscará beneficios jurídicos porque "no va a aceptar los cargos, no va a confesar".
Entrega voluntaria y contexto del caso Ungrd
Desde la semana pasada, los congresistas quedaron a disposición de la justicia cuando Manzur acudió ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá y Manrique se presentó ante agentes de la SIJIN en el municipio de Tame, Arauca. El caso Ungrd ha revelado presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos destinados a la gestión de desastres en Colombia, involucrando a múltiples figuras políticas y funcionarios públicos.
El abogado Garzón enfatizó que todos los esfuerzos procesales de la defensa de Manrique se concentrarán en "demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito", marcando una postura de confrontación legal frente a las acusaciones de corrupción. Este caso continúa desarrollándose mientras la justicia colombiana profundiza en las investigaciones sobre el manejo de la Ungrd.
