Procuraduría de Antioquia anula proceso disciplinario contra funcionarios del Inpec por fiesta en cárcel
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia decretó la nulidad total del proceso disciplinario que había llevado a la suspensión provisional de 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Estos empleados estaban vinculados a la controversial parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril de 2026.
Decisión fundamentada en vulneración del debido proceso
Según el documento oficial conocido este jueves 16 de abril, la entidad de control determinó dejar sin efectos tanto la apertura de la investigación disciplinaria como la medida de suspensión impuesta el 10 de abril por la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) del Inpec. En lugar de continuar con el proceso actual, el caso deberá regresar a una etapa de indagación previa.
La decisión se fundamenta en presuntas irregularidades procesales que, según la Procuraduría, vulneraron el derecho al debido proceso de los funcionarios involucrados. El análisis evidenció que la investigación inicial no especificó de manera clara las conductas individuales que se atribuían a cada uno de los implicados, pese a que desempeñaban distintos roles dentro del centro penitenciario.
Omisión considerada "insubsanable"
El ente de control advirtió que en el auto inicial se señaló de forma general y genérica a todos los funcionarios por posibles faltas disciplinarias, sin detallar qué acción u omisión concreta habría cometido cada uno. Esta omisión fue calificada como "insubsanable", ya que impide a los investigados ejercer plenamente su derecho de defensa, incluyendo la posibilidad de aceptar cargos o solicitar beneficios por confesión.
Origen del caso: denuncia de concejal de Medellín
Los hechos se remontan a la denuncia pública de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien reveló la realización de una fiesta al interior del penal con un costo aproximado de 500 millones de pesos. Según la denuncia, cerca de 100 millones fueron destinados a la presentación del cantante Nelson Velásquez, mientras que el resto se habría invertido en alimentos, bebidas alcohólicas y pagos a personal de vigilancia.
Tras conocerse el caso, el Inpec inició el 9 de abril una indagación preliminar que, ese mismo día, derivó en la apertura de investigación disciplinaria y, en tiempo récord, en la suspensión de los funcionarios un día después. Sin embargo, esa celeridad procesal fue cuestionada por la Procuraduría, que identificó fallas en la estructuración del proceso.
Exigencias del Código General Disciplinario
El organismo enfatizó que, conforme al artículo 215 del Código General Disciplinario, toda apertura de investigación debe contener una relación clara y precisa de los hechos disciplinariamente relevantes. Esta exigencia, subrayó la Procuraduría, constituye una garantía esencial para evitar imputaciones ambiguas o genéricas que puedan afectar los derechos fundamentales de los investigados.
Funcionarios involucrados y continuidad del proceso
Los 11 funcionarios vinculados al caso son:
- Nairo Vargas Rubio
- Fran Alexander Barbosa Pinzón
- Jhon Eduar Aguilar Conde
- José Luis Becerra Puello
- Juan Camilo Goez David
- Juan Diego Ospina Morales
- Gustavo Adolfo Montejo Casas
- Eduardo Parra Ceballos
- Salvador del Cristo Jiménez Palencia
- Heyler Antonio Fracica Sarmiento
- Fredy Antonio Ciprián Díaz
Estos funcionarios continuarán siendo objeto de indagación, pero bajo un nuevo proceso ajustado a los requisitos legales. Pese a la nulidad decretada, la Procuraduría aclaró que las pruebas recaudadas hasta el momento mantienen plena validez dentro del expediente. En ese sentido, el caso no se cierra, sino que deberá reestructurarse para determinar con precisión las responsabilidades individuales.
Importancia de procesos disciplinarios sólidos
Finalmente, el ente de control reiteró la importancia de garantizar procesos disciplinarios sólidos y respetuosos de los derechos fundamentales, especialmente en casos de alto impacto social como el ocurrido en la cárcel de Itagüí, que generó amplia controversia a nivel nacional. La Procuraduría subrayó que la corrección de las irregularidades procesales no implica la exoneración de responsabilidades, sino el cumplimiento estricto de las garantías legales establecidas para todos los ciudadanos.
