Procuraduría investiga presuntas fallas en millonario contrato de cámaras de seguridad en Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios servidores y exservidores de la Secretaría de Justicia de Bogotá por presuntas irregularidades en la planeación y suscripción del contrato SCJ-1904-2023, cuyo valor supera los $14.300 millones y estaba destinado a la instalación de cámaras de videovigilancia en la capital colombiana.
Los investigados y las presuntas irregularidades
Entre los funcionarios investigados se encuentran Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco. El contrato tenía como objetivo principal implementar un sistema de reconocimiento de placas vehiculares (LPR) para fortalecer la seguridad en Bogotá.
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, existirían posibles deficiencias en varios aspectos clave de la planeación del proyecto:
- Definición inadecuada de los sitios de instalación de las cámaras
- Falta de disponibilidad de acometidas eléctricas en los lugares seleccionados
- Problemas en la gestión de permisos para intervenir el espacio público
- Estimaciones erróneas del tiempo de ejecución del contrato
Consecuencias y alcance de la investigación
Estas presuntas fallas habrían generado retrasos significativos, suspensiones y múltiples prórrogas contractuales, lo que podría afectar directamente la eficiencia del proyecto y el cumplimiento del objetivo de fortalecer el sistema de videovigilancia de la ciudad. La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ha ordenado la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si las dificultades detectadas podían ser previsibles desde la etapa inicial de planeación.
Además, el organismo de control dispuso compulsar copias para que se investiguen, en un proceso separado, las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de la fase de planeación.
Impacto en la seguridad ciudadana
El proyecto de cámaras LPR representa una inversión sustancial en seguridad para Bogotá, y las presuntas fallas en su implementación podrían tener consecuencias directas en la efectividad de las políticas de vigilancia y prevención del delito en la capital. La investigación busca establecer responsabilidades y garantizar que los recursos públicos destinados a seguridad sean utilizados de manera eficiente y transparente.
