Veeduría ciudadana pide intervención de órganos de control ante riesgos en nuevo modelo de salud para reclusos
La Red de Veedurías de Colombia ha elevado una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que revisen de manera preventiva la decisión de implementar un modelo de atención en salud mediante un operador único nacional para la población privada de la libertad.
Preocupación por falta de estudios técnicos y respaldo jurídico
Según los documentos presentados por el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez, la medida fue adoptada por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad sin que exista evidencia pública de estudios técnicos, jurídicos y financieros que garanticen la viabilidad del nuevo modelo. Tampoco se habría presentado un plan de transición que asegure la continuidad de los servicios de salud para los internos del país.
La veeduría advierte que esta decisión podría derivar en afectaciones graves a derechos fundamentales como la salud, la vida, la dignidad humana y la integridad personal de la población privada de la libertad, recordando que la prestación de servicios de salud a estas personas se enmarca en una relación especial de sujeción frente al Estado, lo que obliga a adoptar medidas reforzadas de protección.
Cambio en el modelo actual de atención
Actualmente, el Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad opera bajo la administración de Fiduprevisora S.A., mediante un Contrato de Fiducia Mercantil adjudicado a través de licitación pública realizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Este contrato garantiza la contratación de prestadores de salud a nivel nacional para atender necesidades de baja, mediana y alta complejidad.
Sin embargo, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, con base en una propuesta del Ministerio de Salud y Protección Social, aprobó implementar el modelo de operador único y ordenó la terminación anticipada de los contratos vigentes suscritos por la fiduciaria.
"La decisión se tomó sin respaldo técnico suficiente y sin garantizar la continuidad del servicio, lo que genera preocupación directa tanto en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como en los propios internos", señaló Bustos Sánchez.
Posibles irregularidades disciplinarias, fiscales y penales
Los documentos remitidos a la Procuraduría y la Contraloría detallan posibles irregularidades que podrían configurarse con la implementación del nuevo modelo:
- Presunto prevaricato por parte de funcionarios públicos
- Celebración indebida de contratos
- Abuso de función pública
- Expedición de actos administrativos con falsa motivación
Desde el punto de vista fiscal, se advierte riesgo de detrimento patrimonial por indemnizaciones, compensaciones y sobrecostos no previstos, además de un uso potencialmente antieconómico e ineficiente de los recursos destinados a la prestación de salud.
Preocupaciones específicas sobre el nuevo operador
La veeduría enfatiza que cualquier modificación en la prestación de servicios esenciales debe respetar los principios de continuidad, progresividad y no regresividad, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en jurisprudencia relevante.
Adicionalmente, alerta que la implementación del nuevo modelo pretende realizarse en un plazo inferior a dos meses y que la responsabilidad recaería en una entidad promotora de salud del régimen ordinario, como lo es Nueva EPS, cuyo modelo operativo no está diseñado para las particularidades de la población privada de la libertad.
"Esto plantea serias dudas sobre la viabilidad jurídica, técnica, financiera y operativa del modelo", señalan los documentos presentados a los órganos de control.
Solicitudes específicas a los órganos de control
La Red de Veedurías solicita a la Procuraduría y la Contraloría:
- Adelantar revisión preventiva de las decisiones adoptadas
- Evaluar la posible afectación de derechos fundamentales
- Determinar la procedencia de actuaciones disciplinarias
- Dar traslado a los organismos de control fiscal o penal si se encuentra mérito para ello
- Adoptar medidas preventivas que eviten la interrupción o regresión de los servicios de salud
Los escritos incluyen además solicitudes de documentación específica, como el acta de la sesión del Consejo Directivo, el audio completo de la sesión, hojas de vida de los integrantes del consejo, estudios técnicos, jurídicos y financieros que soportaron la decisión, y el plan de transición para la implementación del nuevo modelo.
La situación genera especial preocupación considerando que la implementación del nuevo modelo de operador único se pretende realizar en un plazo extremadamente corto, sin garantías claras de continuidad en la prestación del servicio de salud para una población especialmente vulnerable que depende completamente del Estado para el acceso a atención médica.
