Fiscalía formaliza cargos contra expolicías por presunta extorsión en Medellín
La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra cinco expatrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) por su presunta participación en un esquema de extorsión dirigido a comerciantes en la ciudad de Medellín. Los procesados, identificados como Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas, enfrentan cargos por el delito de concusión ante un juez de conocimiento.
Detalles de la investigación y modalidad delictiva
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos habrían ocurrido entre el 23 de agosto de 2021 y el 30 de agosto de 2022. Según el expediente, los entonces uniformados utilizaron su cargo para exigir dinero a varios comerciantes, argumentando que sus productos eran de contrabando.
Los expolicías presuntamente solicitaban pagos que, según las denuncias, oscilaban entre 4 millones y cerca de 40 millones de pesos. A cambio, se comprometían a no realizar incautaciones ni iniciar procedimientos administrativos o penales en contra de los negocios afectados.
Estrategias para evadir la vigilancia
Las labores investigativas revelaron que los acusados acudían a los establecimientos comerciales tanto uniformados como de civil, aprovechando su condición de agentes para presionar a los comerciantes. Para evitar ser registrados por las cámaras de seguridad, el dinero habría sido entregado en los baños de los locales comerciales, una táctica que buscaba ocultar las transacciones ilícitas.
Situación procesal de los implicados
Actualmente, cuatro de los acusados se encuentran privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. Sin embargo, en el caso de Yessica Marcela Mesa Cárdenas, las autoridades informaron que permanece prófuga de la justicia, lo que ha complicado la totalidad de las diligencias.
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan las instituciones en la lucha contra la corrupción al interior de los cuerpos de seguridad, destacando la importancia de mecanismos de control y transparencia para prevenir abusos de autoridad.
