Al menos 13.800 personas enfrentan graves afectaciones debido a las restricciones a la movilidad, suspensión del transporte y confinamientos en las cuencas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza. La crisis se produce en medio de los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Calarcá Córdoba, grupo con el que el Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de negociación en el marco de la paz total.
Población afectada y comunidades en riesgo
La cifra de afectados incluye a más de 6.300 habitantes de Puerto Guzmán, más de 5.800 de Puerto Leguízamo y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje. Además, 488 núcleos familiares, equivalentes a 1.706 personas, permanecen confinados en el departamento del Amazonas, pertenecientes a 14 comunidades del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).
La alerta fue emitida el 15 de mayo por la Defensoría del Pueblo, tras la difusión de un audio en el que se anunciaba un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán. La entidad advirtió que la situación no es reciente: desde diciembre de 2025, comunidades de Putumayo, Caquetá y Amazonas han sufrido paros armados y graves restricciones a la movilidad.
Impacto en la vida cotidiana y servicios esenciales
Las consecuencias ya se reflejan en la vida diaria de las comunidades. La Defensoría reportó graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales. En Putumayo, se suspendió el transporte público fluvial y el transporte escolar para niños, niñas y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá, así como algunas rutas del río Putumayo.
En Caquetá, la suspensión afectó el sector oriental de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano. Las comunidades ribereñas del río Orteguaza también están afectadas, y los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos se encuentran en situación de riesgo extremo, según la Defensoría.
Amenaza a las elecciones presidenciales
La crisis también pone en riesgo las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Defensoría alertó sobre las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán, lo que podría dejar a comunidades rurales sin posibilidad de votar.
La entidad recordó que desde diciembre de 2025 ha emitido cinco oficios de consumación por confinamientos, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados, además de haber advertido la situación en la Alerta Temprana 001 de 2025.
Exigencias al Gobierno y a los grupos armados
Ante la magnitud de la crisis, la Defensoría del Pueblo pidió fortalecer la presencia institucional y exigió al Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías una respuesta articulada para proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos.
A los grupos armados, la Defensoría les instó a levantar cualquier limitación impuesta contra las comunidades, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar a la misión médica. La entidad enfatizó que la población civil no puede ser sometida a paros armados, confinamientos ni restricciones a la movilidad.
