Los abogados Simón Hernández Gómez y Felipe Alzate Gómez, defensores de Beatriz Niño Endara en el caso contra su exesposo, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. En un documento de seis páginas, los juristas reportan haber sido víctimas de amenazas, seguimientos y hostigamientos durante las últimas semanas, lo que consideran un ataque directo al ejercicio de su profesión.
Detalles de las amenazas
Según la denuncia, los abogados han recibido “manifestaciones hostiles, descalificaciones públicas, comportamientos intimidatorios y posibles seguimientos ilícitos”. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el 26 de marzo, cuando una empleada de su despacho fue abordada por dos hombres en motocicleta al salir de la oficina. Los individuos preguntaron insistentemente por la ubicación de la firma, lo que los abogados interpretan como “labores de verificación, seguimiento o perfilamiento”.
Intento de acceso a información fiscal
Además, los abogados denunciaron un intento de acceso no autorizado a una cuenta de la DIAN que contiene información fiscal sensible de su despacho. También recibieron información de una fuente reservada sobre posibles intentos de infiltración en su oficina para obtener datos internos de los procesos que llevan y de sus actividades personales.
Contexto de hostilidad sistemática
Los juristas aseguran que estas intimidaciones comenzaron desde que asumieron la representación de Beatriz Niño, quien enfrenta un fuerte proceso legal contra Garcés Carabalí por delitos como violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia. Aunque el exembajador niega los cargos, la Fiscalía afirma tener pruebas suficientes.
“Desde entonces, de manera progresiva, se han presentado seguimientos, amenazas, comportamientos irregulares y abiertamente hostiles dirigidos en nuestra contra. Estas conductas intimidatorias se han manifestado en espacios públicos, medios de comunicación y audiencias, donde se nos han atribuido, sin fundamento alguno, conductas impropias o incluso delictivas, señalándonos de pertenecer a organizaciones criminales”, señala la denuncia.
Presiones institucionales
Los abogados también denuncian intimidaciones por parte de funcionarios judiciales vinculados al caso. En particular, mencionan que el fiscal encargado de las indagaciones presentó una queja disciplinaria en su contra, la cual califican como “carente de sustento jurídico”. Según los juristas, este fiscal pretendía imputar a la víctima, y la queja disciplinaria es “un mecanismo adicional de presión institucional indebida”.
Exigencias de garantías
Hernández y Alzate pidieron a la Fiscalía que se investiguen los hechos y se les brinden garantías para ejercer el derecho sin temor. “Nuestro trabajo no puede convertirse en motivo de persecución, amenaza, estigmatización o amedrentamiento”, afirmaron. Exigieron que se esclarezcan los hechos y se creen condiciones reales para seguir ejerciendo su labor de manera independiente y segura.
