La zozobra se ha apoderado del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, tras conocerse graves amenazas de muerte en contra de sus principales líderes de gobierno. La alcaldesa local, Karol Villarejo, denunció públicamente que tanto ella como la gestora social del municipio, Ceneibe Jaramillo Correa, han sido declaradas "objetivo militar" a través de panfletos intimidatorios que presuntamente pertenecen a grupos armados organizados que operan al margen de la ley en esta región del país.
El panorama se tornó aún más crítico tras la difusión de un comunicado fechado el 13 de mayo de 2026, firmado por la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente de las FARC-EP. En el documento, el grupo armado lanza un ultimátum de 24 horas para que la gestora social, Ceneibe Jaramillo, abandone definitivamente el territorio, bajo la amenaza de emprender acciones bélicas dentro del casco urbano si la funcionaria se niega a acatar la orden de expulsión.
Respuesta institucional y denuncias por violencia de género
Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa Karol Villarejo informó que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para establecer la veracidad de los pasquines. La mandataria rechazó categóricamente estas acciones, catalogándolas como una manifestación clara de violencia de género contra las mujeres que ejercen liderazgos políticos y roles de poder en las regiones más vulnerables de Colombia.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó su absoluto rechazo a estas intimidaciones y ordenó un despliegue institucional inmediato. La gobernadora instruyó a la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento, y a la Secretaría de Seguridad del Valle, para que se trasladen de urgencia a Dagua con el fin de evaluar las condiciones de riesgo, liderar un Consejo de Seguridad extraordinario y proteger la vida de las lideresas amenazadas.
Contexto de violencia en la región
Dagua ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y de las rutas del narcotráfico. Las disidencias de las Farc, particularmente la Columna Móvil Jaime Martínez, han incrementado su accionar en los últimos meses, sembrando el miedo entre la población civil y las autoridades locales. La declaración de "objetivo militar" contra funcionarias públicas representa una escalada en la violencia que busca intimidar a quienes ejercen cargos de elección popular.
La comunidad de Dagua permanece en alerta máxima, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en el municipio. La Policía Nacional y el Ejército han dispuesto patrullajes adicionales y puestos de control para prevenir cualquier ataque. La Fiscalía avanza en las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y llevarlos ante la justicia.
