Defensoría del Pueblo emite alerta por escalada de violencia en Buenaventura
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente ante el incremento significativo de homicidios y hechos de violencia armada en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Según los reportes oficiales, entre los meses de febrero y marzo de 2026 se han registrado al menos 23 asesinatos, siendo la mayoría de las víctimas jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 30 años.
Disputas territoriales entre grupos armados organizados
La entidad defensorial ha señalado que estos crímenes violentos se enmarcan en disputas territoriales entre grupos armados organizados que buscan expandir su control en la región. Esta situación refleja el incumplimiento de compromisos de desescalamiento de la violencia y la insuficiencia de la respuesta estatal para contener el conflicto.
Las confrontaciones se han intensificado particularmente en varias comunas de Buenaventura, con focos críticos en sectores como:
- San Francisco
- San Luis
- Juan XXIII
- Zonas de la comuna 12
Reconfiguración interna de grupos armados
La Defensoría del Pueblo explica que el aumento de homicidios y otras vulneraciones a los derechos humanos responde a procesos de reconfiguración interna de los grupos armados. Estas dinámicas están asociadas a capturas de integrantes que han generado ajustes organizacionales y nuevas pugnas por el control territorial.
Estas disputas, vinculadas también al manejo de economías ilícitas, han derivado en la consolidación de "fronteras invisibles", restricciones severas a la movilidad de los habitantes y confinamientos de facto en distintos sectores de la ciudad portuaria.
Población joven: la más afectada
La población joven continúa siendo la más afectada por esta ola de violencia, con patrones preocupantes de:
- Reclutamiento forzado
- Instrumentalización para fines delictivos
- Señalamientos en medio de las disputas territoriales
Se ha documentado el caso específico de una menor de edad reclutada y otro joven aprehendido por presunta vinculación con estructuras armadas. Además, se registran tres desapariciones que operan paralelamente al fenómeno del homicidio, agravando la situación humanitaria.
Impacto social y comunitario
La Defensoría también advierte sobre afectaciones graves en múltiples dimensiones de la vida comunitaria:
- Entornos escolares comprometidos
- Extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportadores
- Secuestros y enfrentamientos armados
- Impacto directo en viviendas y movilidad poblacional
Estos hechos, según la entidad, deterioran significativamente la organización social, la participación ciudadana y el ejercicio de derechos fundamentales en Buenaventura.
Respuesta estatal considerada insuficiente
Ante este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo considera insuficiente la respuesta estatal frente a las dinámicas de control territorial ejercidas por los actores armados. La persistencia de homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores evidencia la necesidad urgente de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio.
Llamado a la acción institucional
Por ello, la entidad defensorial insta al Gobierno nacional, regional y local a implementar una intervención integral que aborde simultáneamente:
- Aspectos de seguridad ciudadana
- Acceso a la justicia
- Oferta social diferenciada
Esta intervención debe priorizar los sectores más afectados y atender de manera específica a jóvenes, comunidades vulnerables y entornos educativos.
Exigencias a grupos armados
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige a los grupos armados que se encuentran en procesos de diálogo:
- Cumplir los acuerdos asumidos
- Respetar la vida e integridad de líderes sociales y comunidades
- Avanzar hacia su disolución y reintegración a la sociedad
La situación en Buenaventura representa un desafío humanitario urgente que requiere atención inmediata y coordinada de todas las instancias del Estado colombiano.
