Colombia enfrenta una nueva amenaza: drones explosivos cada 48 horas
En la región del Catatumbo, específicamente en una zona rural de Tibú, Norte de Santander, un ataque con drones cargados con explosivos durante el pasado jueves Santo volvió a encender las alarmas de seguridad nacional. Una familia logró abandonar su vivienda apenas segundos antes de que el artefacto impactara y detonara, evitando así víctimas fatales en este incidente que refleja una tendencia preocupante.
Las cifras que preocupan a las autoridades
Según registros exclusivos de la Fuerza Pública consultados por este medio, Colombia acumula 464 ataques con artefactos explosivos operados mediante drones desde el 26 de abril de 2023. Este dato revela que, en promedio, cada 48 horas se registra un nuevo incidente de este tipo en territorio nacional, marcando una escalada significativa en las tácticas empleadas por grupos armados ilegales.
El primer caso documentado ocurrió en zona rural de Argelia, Cauca, mientras que el más reciente se reportó precisamente en Tibú, Norte de Santander, el pasado 2 de abril. La semana anterior al ataque en Tibú, se habían registrado varios incidentes similares en la región del Catatumbo, evidenciando una concentración geográfica particular.
Distribución por grupos armados
El análisis detallado por estructuras armadas revela que las disidencias de las Farc, a través de diferentes frentes, figuran como los principales responsables de esta ofensiva con drones:
- El bloque asociado a alias 'Iván Mordisco' concentra la mayor cantidad de registros, con 270 acciones distribuidas entre 2025 y lo corrido de 2026.
- El 'clan del Golfo' acumula 120 ataques en el mismo periodo.
- El Eln habría ejecutado 66 ataques con estos dispositivos.
- Las disidencias de Calarcá reportan siete eventos.
- Los 'Comandos de Fronteras' han perpetrado 2 de estos ataques.
Expansión geográfica y zonas críticas
El mapa de ubicación muestra una expansión que no es uniforme pero sí preocupantemente amplia. Los puntos de ataques se agrupan en 13 departamentos del país, siendo más frecuentes en zonas específicas:
- Cauca
- Nariño
- Antioquia
- Meta
- Norte de Santander
- Caquetá
En estas áreas, los registros de sobrevuelo, pruebas y ataques con drones coinciden sistemáticamente con zonas en disputa territorial entre grupos armados y presencia de la Fuerza Pública. La información disponible también señala la existencia de procesos de entrenamiento y adquisición de equipos, lo que sugiere una adaptación progresiva y profesionalización de estas estructuras criminales.
Impacto humano y tendencia creciente
Las cifras sobre personal afectado permiten dimensionar el verdadero costo humano de estas acciones. En total, 352 personas han resultado afectadas, con un incremento sostenido entre 2024 y 2025. La distribución de víctimas muestra un patrón claro:
- El registro más alto corresponde a integrantes de la Fuerza Pública, especialmente militares.
- Seguidos por civiles atrapados en medio de los enfrentamientos.
- Y finalmente, personal policial.
Los datos discriminan entre heridos y fallecidos, mostrando una mayor proporción de lesiones frente a muertes, aunque cada incidente representa un riesgo potencialmente letal.
Fases previas y preparación operativa
En paralelo a los ataques registrados, los reportes de inteligencia identifican actividades preparatorias que completan el panorama operativo:
- 139 eventos de sobrevuelo de drones sin ataque inmediato.
- 77 casos asociados a entrenamiento en el uso de estos dispositivos.
- 40 registros de adquisición de equipos y componentes.
Estas cifras permiten trazar la secuencia operativa completa que antecede a cada acción registrada, revelando un proceso sistemático que va desde la adquisición de tecnología hasta el ataque final.
Tendencia temporal y comportamiento por años
El comportamiento por años muestra una clara tendencia ascendente en el uso de esta táctica:
- Durante 2025 se concentra el mayor número de ataques con 277 incidentes registrados.
- En 2026, van 66 ataques hasta el momento de este reporte.
Aunque la cifra de 2026 es menor en términos absolutos por tratarse de un año en curso, se mantiene la tendencia en regiones ya identificadas. Este patrón se repite en varias zonas del país, donde los registros no desaparecen, sino que se desplazan o se reorganizan en función de la presencia de la Fuerza Pública y las disputas entre grupos armados.
La sofisticación creciente de estos ataques, combinada con la expansión geográfica y la frecuencia alarmante de un incidente cada dos días, representa un desafío significativo para la seguridad nacional y requiere respuestas coordinadas entre todas las instituciones del Estado.
