Walter Francisco Martínez Martínez es el nombre de la primera persona capturada en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la empresa Lili Pink. Sin embargo, la compañía Fast Moda S.A.S, propietaria de la marca, ha aclarado que este individuo no tiene relación contractual con la empresa desde 2021 y que su vínculo se limitó a una relación comercial como cliente-proveedor.
Comunicado oficial de Fast Moda
Mediante un comunicado oficial, Fast Moda S.A.S informó que Walter Francisco Martínez Martínez no formó parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de la empresa. “La relación que existió en el pasado se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente - proveedor, como ocurre habitualmente en el desarrollo de las actividades empresariales y comerciales de la industria del retail”, indicó la compañía.
Además, la empresa subrayó que cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y es completamente ajena a las operaciones y principios de Lili Pink. “En ese sentido, cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink”, aclaró Fast Moda.
Respeto al debido proceso
Las directivas de Fast Moda expresaron su respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia del capturado. Asimismo, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. “Esperamos que se respete el debido proceso del actual capturado, así como la presunción de inocencia del mismo”, señalaron.
Detalles de la investigación contra Lili Pink
La Fiscalía identificó una presunta red criminal detrás de Lili Pink, que habría permitido el ingreso de recursos ilícitos y contrabando al país. La red estaría compuesta por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, y habría introducido prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos de manera ilegal.
“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.
Cifras del escándalo
Hasta el momento, las autoridades han documentado lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, y aprehensiones y decomisos de mercancía avaluados en más de 54.000 millones de pesos por parte de la Dian. Además, se estima un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales están en proceso de materialización. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar la responsabilidad de otros implicados.
