Durante años, nadie escuchó sus gritos. Nadie vio las cadenas. Nadie imaginó que, dentro de una casa en Ibagué, una niña vivía un infierno. Tenía apenas 8 años cuando, según la investigación, comenzó un ciclo de abusos que se prolongó hasta los 16. Nueve años marcados por el miedo, el encierro y la violencia.
El calvario de una menor en Ibagué
En una vivienda al sur de Ibagué, el paso del tiempo no significó crecimiento ni libertad para la menor. Durante casi una década, entre 2016 y 2025, su vida transcurrió bajo encierros, amenazas, violencia sistemática y un silencio impuesto que apenas logró romper a los 17 años.
Se trata de su madre y su padrastro, quienes fueron capturados en un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Ibagué y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La investigación, que duró seis meses, permitió documentar uno de los casos más graves de violencia contra menores en la región.
Abusos desde los 8 años
De acuerdo con la investigación, el hombre identificado como Jhonathan David Pineda, alias 'El Padrastro', habría abusado sexualmente de la menor desde los 8 años, prolongando los hechos hasta los 16. Sin embargo, el horror no se limitó al ámbito sexual.
Según la Fiscalía, la menor fue sometida a un control extremo dentro de su propia casa: era encerrada, encadenada y aislada cada vez que intentaba tener contacto con otras personas. “No fueron hechos aislados. Se trató de un método sistemático de disciplinamiento y control”, expuso la fiscal del caso durante la audiencia.
El expediente revela que el agresor no solo ejercía violencia física y psicológica, sino que además grababa los abusos. “Las grabaciones no fueron espontáneas. El agresor dirigía activamente las escenas y utilizaba ese material como mecanismo permanente de amenaza”, detalló la Fiscalía.
Embarazos forzados y abortos clandestinos
Uno de los capítulos más graves del caso tiene que ver con la salud y la integridad de la menor. Las autoridades documentaron que, producto de los abusos, la víctima quedó embarazada en al menos dos ocasiones y fue obligada a abortar sin ningún tipo de asistencia médica. Estos hechos pusieron en riesgo su vida y profundizaron el daño emocional. Además, se registraron episodios de violencia extrema: quemaduras con sustancias químicas, presuntos intentos de envenenamiento, golpizas recurrentes y amenazas constantes. Todo bajo un entorno de miedo que, durante años, le impidió denunciar.
La madre, presunta coautora
La investigación también señala a la madre de la menor, Edid Duarte Fuentes, como presunta partícipe. Según las autoridades, no solo conocía los hechos, sino que permitió y facilitó su continuidad. “Presunta coautora, permitiendo y facilitando la continuidad de los abusos y demás agresiones cometidas contra su hija”, indicó el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.
La denuncia que destapó el horror
El caso solo salió a la luz cuando la adolescente logró escapar del entorno de violencia y acudió a familiares. Desde ese momento decidió denunciar, lo que activó una investigación que incluyó entrevistas forenses, valoraciones médico-legales, recolección de pruebas digitales y allanamientos. En el operativo, realizado en el barrio Praderas de Santa Rita, fueron incautados celulares, un computador y dispositivos de almacenamiento que ahora forman parte del material probatorio. “La investigación evidenció que la víctima sufrió abusos desde los 8 hasta los 16 años, bajo un entorno de control, violencia constante y aislamiento”, señaló el coronel López González.
La Fiscalía General de la Nación subrayó la sistematicidad de los hechos y el uso del miedo como herramienta de control. “El material era utilizado para intimidar y evitar que denunciara”, indicó la fiscal en la audiencia.
Delitos y medida de aseguramiento
La pareja deberá responder por una extensa lista de delitos, entre ellos: acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con menores, tortura agravada, aborto sin consentimiento, inducción al suicidio y violencia intrafamiliar. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. No aceptaron los cargos.
Actualmente, la adolescente se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos y brindarle acompañamiento integral.
