La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yari Angélica Caly Riascos y Keidy Daniela Vásquez Núñez, señaladas de presuntamente participar en un caso de extorsión agravada contra un transportador en Buenaventura, Valle del Cauca.
De acuerdo con el ente acusador, un fiscal adscrito a la Seccional Valle del Cauca les imputó el delito de extorsión agravada durante audiencias concentradas. Sin embargo, las procesadas no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
Pese a ello, el juez del caso consideró que existían elementos suficientes para imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las investigaciones
Las investigaciones indican que la víctima venía siendo objeto de presiones extorsivas desde junio de 2025. Según el expediente, el transportador comenzó a recibir constantes llamadas en las que desconocidos le exigían el pago de cuotas económicas para permitirle continuar con sus labores de cargue y descargue de víveres en la zona portuaria de Buenaventura.
Modus operandi
Al parecer, para obligarlo a cumplir con las exigencias, los responsables habrían recurrido al hurto de la mercancía transportada en los vehículos de la empresa afectada. Estas acciones, según la Fiscalía, buscaban intimidar al comerciante y generar temor entre sus conductores, afectando el normal desarrollo de sus operaciones.
El material probatorio recopilado durante la investigación evidenciaría que Yari Angélica Caly Riascos y Keidy Daniela Vásquez Núñez habrían recibido diferentes sumas de dinero en sus billeteras digitales, recursos que presuntamente corresponderían a los pagos producto de las extorsiones.
Captura y proceso judicial
La captura de las dos mujeres fue realizada por uniformados del Gaula de la Policía Nacional en Buenaventura, como resultado de las labores investigativas adelantadas para esclarecer este caso y frenar las acciones delincuenciales que afectaban al transportador. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más personas vinculadas a esta red criminal.
El caso ha generado preocupación entre los transportadores de la región, quienes exigen mayores garantías de seguridad para desarrollar sus actividades. La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir la extorsión y otros delitos que afectan a la comunidad.
