El asedio criminal a Santa Marta: una realidad que no puede seguir ignorada
El sorpresivo cierre del Parque Nacional Natural Tayrona esta semana ha destapado una cruda realidad que durante años se venía comentando en voz baja: el control territorial que ejercen grupos armados ilegales sobre Santa Marta, El Rodadero y diversos municipios del Magdalena y La Guajira, en las estribaciones de la Sierra Nevada.
Una denuncia valiente que expone la verdad
La valiente denuncia del líder ambiental Luis Miguel Moisés dejó al descubierto lo que muchos temían confirmar. Los llamados 'Conquistadores de la Sierra', herederos de las temidas autodefensas de Hernán Giraldo -conocido como el 'depredador de la Sierra' por múltiples casos de violencia sexual contra menores- mantienen presencia y control sobre la población y sus actividades económicas.
La ironía llegó a su punto máximo cuando este grupo ilegal emitió un comunicado desafiante afirmando que 'permitiría' el desarrollo de las elecciones del 8 de marzo, un reconocimiento tácito de su poder en la región que debería alarmar a todas las autoridades.
La sofisticación del crimen organizado
Mientras Santa Marta experimenta un florecimiento turístico aparente, los grupos ilegales han perfeccionado sus operaciones. Los llamados 'urbanos' actúan abiertamente en la ciudad, cobrando 'impuestos' -en realidad extorsiones- por cualquier actividad económica, según testimonios de comerciantes locales.
Ninguna actividad se les escapa, ni siquiera el turismo de alta gama en las inmediaciones del parque. Estos grupos ejercen control social completo, dirimiendo conflictos de convivencia e incluso incidentes de tránsito, como ocurrió con el hijo de Moisés, lo que llevó a su padre a hacer una denuncia pública que obligó a su familia a abandonar la ciudad tras recibir amenazas.
La paradoja del desarrollo turístico
Se vive una calma chicha pero inaceptable que se mantiene hasta que alguna disposición oficial choca contra el complejo entramado de intereses en la zona. Los funcionarios de Parques Nacionales no pudieron cumplir con su tarea de proteger áreas de importancia ecológica y regular construcciones no autorizadas, evidenciando la penetración del crimen en las instituciones.
Esta situación involucra no solo a los 'conquistadores', sino también a indígenas y campesinos, creando una red de complicidades y miedos que sofoca cualquier intento de resistencia.
Santa Marta no puede seguir en silencio
Santa Marta, que celebra sus 500 años de fundación, no debe continuar bajo estos atropellos entre el silencio y el miedo. Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado mientras uno de los principales polos turísticos del país cae en manos criminales.
El turismo está llamado a ser un dinamizador de la economía, como bien lo ha planteado el gobierno nacional, pero esto solo será posible si el Estado cumple con una de sus tareas básicas: proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad en todo el territorio.
Los gobiernos local y nacional deben asumir su responsabilidad de manera inmediata y contundente. No es deseable que Santa Marta y su área turística regresen a esta tensa normalidad que padecen en silencio miles de habitantes de la región.
Es hora de enfrentar este problema con toda decisión, antes de que el control criminal se consolide aún más y las consecuencias sean irreversibles para el desarrollo de la región y la seguridad de sus habitantes.
