La Corte Suprema de Justicia ha emitido una condena en primera instancia contra el actual representante a la Cámara Wilmer Carrillo, imponiéndole una pena de más de ocho años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este caso se remonta al año 2011, cuando Carrillo se desempeñaba como secretario de infraestructura en Norte de Santander.
Detalles del caso
Los hechos se relacionan con el Convenio de Asociación 00177, firmado el 24 de junio de 2011, por un valor de 1.465.416.134 pesos colombianos. El objetivo de este convenio era la ejecución de obras para la reconstrucción del acceso y protección de la estructura del puente de Puerto León, ubicado sobre el río Zulia, en la vía Agualasal–Puerto León–Puerto Santander, que conecta esa región con la ciudad de Cúcuta.
La Corte señaló varias irregularidades en el proceso contractual. En primer lugar, los diseños y estudios técnicos fueron realizados por la misma firma que posteriormente resultó favorecida como contratista. Además, la obra se contrató mediante un convenio de asociación, modalidad que no está permitida para la ejecución de obras según la Ley 80 de 1993. Finalmente, la firma contratista carecía de la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo la obra.
Argumentos de la condena
En su fallo, la Sala explicó que Carrillo “estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual que se adelantaba sin el cumplimiento de sus requisitos legales”. Agregó que la aparente ajenidad que el congresista intentó demostrar ante los hechos se revela como un ardid para eludir su responsabilidad en el actuar atípico y antijurídico. A pesar de conocer las irregularidades, Carrillo optó voluntariamente por consumarlas, con las consecuencias que la actuación refleja.
La condena es de ocho años de prisión, aunque esta decisión podría ser modificada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, si se interponen recursos de apelación.
