La transformación de la violencia en Colombia: del enfrentamiento al control social
Esta segunda entrega de la serie Y mientras tanto… profundiza en los cambios subterráneos que están reconfigurando la realidad colombiana, enfocándose específicamente en el ámbito de la seguridad. La premisa central es que debemos superar la visión simplista que reduce este problema a la derrota de ejércitos ilegales o la firma de acuerdos nacionales.
La nueva cara del crimen organizado
La delincuencia organizada contemporánea ha evolucionado hacia objetivos más ambiciosos y complejos. Ya no se limita a confrontar al Estado, sino que busca suplantarlo en funciones esenciales. Estos grupos ahora regulan horarios, controlan el acceso a ríos, cobran extorsiones sistemáticas, reclutan menores de edad y deciden quién puede circular libremente en los territorios que dominan.
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) resume esta transformación con precisión: "Hemos transitado de una confrontación vertical a una violencia fragmentada, policéntrica y orientada al control territorial y social". La Fundación Ideas para la Paz (FIP), basándose en datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), complementa esta visión señalando que hoy observamos menos violencia letal pero más coerción sistemática.
Cifras que revelan la nueva realidad
Las estadísticas de los últimos años confirman esta tendencia preocupante:
- Durante los primeros 30 meses del actual gobierno, el número de colombianos expuestos a violencia aumentó un 24% comparado con el período anterior equivalente
- Los secuestros registraron un incremento alarmante del 122%
- Mientras algunos indicadores letales contra civiles disminuyeron, se fortalecieron formas de control menos visibles pero más efectivas: secuestro, extorsión y restricciones a la movilidad
Los datos de 2025 profundizan esta perspectiva. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por violencia y conflicto armado el año pasado, una cifra que triplica la registrada en 2024. El panorama incluye:
- Más de 155.000 personas confinadas
- 96.400 desplazadas forzosamente
- Al menos 416 eventos de acceso humanitario restringido
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que 2025 se encaminaba a convertirse en el peor año de la última década en consecuencias humanitarias derivadas del conflicto.
El control que trasciende lo humanitario
Esta dominación territorial ha adquirido dimensiones políticas preocupantes. Antes de las elecciones del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia, 81 de ellos en riesgo extremo. Además, 339 municipios presentaban riesgos asociados a factores violentos.
Resulta particularmente significativo que 75 de los 126 municipios en alerta máxima por violencia formaban parte de las circunscripciones especiales de paz. Esto revela que en numerosos territorios la disputa ya no se limita a rentas ilegales o corredores estratégicos, sino que abarca la posibilidad misma de que la ciudadanía vote sin tutela armada.
Un desafío que excede lo militar
La complejidad de esta realidad demuestra que ni las mesas de negociación ni los operativos militares por sí solos pueden resolver el problema. Sin justicia efectiva, inteligencia financiera, protección real de civiles y desarrollo local sostenible, el Estado se limita a hacer presencia temporal en los territorios para luego retirarse.
Al cierre de 2025, según la FIP, las estructuras ilegales superaban los 27.000 integrantes, lo que representa un aumento del 23,5% respecto al año anterior. Este crecimiento envía un mensaje claro: mientras el Estado debate entre negociar o confrontar, los grupos violentos llevan tiempo haciendo ambas cosas y, de paso, ejerciendo funciones de gobierno en amplias zonas del país.
Hacia una política de seguridad integral
La próxima política de seguridad debe trascender los indicadores tradicionales de bajas y decomisos. Debe incorporar métricas sobre la reducción del control social armado y combinar presión operativa sostenida con inteligencia especializada para judicializar redes logísticas, financieras y políticas.
La ocupación territorial debe ir acompañada de un Estado útil y presente: justicia accesible, educación de calidad, conectividad física y digital, oportunidades de empleo formal, servicios de salud adecuados y autoridades civiles con mando real. Porque en la Colombia actual, el poder ya no reside únicamente en la capacidad de disparar, sino fundamentalmente en la capacidad de mandar y controlar la vida cotidiana de las comunidades.
