Ecuador aumenta inversión en seguridad pero las cifras delictivas persisten sin mejoras significativas
Ecuador invierte más en seguridad pero cifras delictivas no mejoran

Ecuador intensifica gasto en seguridad sin lograr reducción sustancial en índices delictivos

Ecuador continúa siendo uno de los países más afectados por la violencia criminal en América Latina y el Caribe durante 2025, según los informes más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta preocupante situación persiste a pesar de los significativos aumentos presupuestarios destinados específicamente al combate contra la inseguridad en el territorio nacional.

Incremento presupuestal sin correlación en mejoras estadísticas

Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas revelan un crecimiento sostenido en la inversión gubernamental en materia de seguridad. Entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 9,1% en este rubro, pasando de 3.225 millones de dólares a 3.519 millones de dólares. Para el año 2025, esta cifra ascendió aún más, alcanzando los 3.900 millones de dólares asignados a la seguridad nacional.

La ejecución presupuestal entre 2020 y 2025 alcanzó casi el 94% de lo estimado, aunque con variaciones considerables entre los diferentes años. La distribución de estos recursos en 2024 se concentró principalmente en dos áreas: Asuntos Internos recibió el 53,1% del total, mientras que Defensa Nacional obtuvo el 46,9% restante.

Persistencia alarmante de robos y delitos violentos

Contrastando con el aumento de recursos, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestran una realidad preocupante. Durante 2025, con corte a septiembre, se registraron 267,3 robos por cada 100.000 habitantes en el país. Dentro de esta cifra total, el robo a personas alcanzó 106,2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el robo de motocicletas llegó a 67,4 por cada 100.000.

Los delitos más frecuentemente denunciados incluyen:

  • Robos a personas en espacios públicos
  • Sustracción de motocicletas
  • Robo de vehículos automotores
  • Hurto de bienes y propiedades

Impacto diferenciado según tipo de delito

El análisis de correlación entre presupuesto ejecutado y tasas delictivas revela resultados desiguales. Un incremento del 1% en el presupuesto ejecutado durante 2024 se asoció con una reducción del 2,37% en la tasa general de robos. Sin embargo, este efecto no se distribuyó uniformemente entre las diferentes modalidades delictivas.

La mayor presencia policial y militar, consecuencia directa del aumento presupuestal, mostró impactos más significativos en ciertos tipos de delitos:

  1. Robo de vehículos: reducción del 4,19%
  2. Robo a viviendas: disminución del 4,00%
  3. Robo a establecimientos comerciales: caída del 3,59%

Por el contrario, la asociación fue considerablemente más moderada en otros delitos frecuentes:

  • Robo a personas: reducción del 1,71%
  • Robo de motocicletas: disminución del 1,45%
  • Robo de otros bienes: caída del 2,01%

Factores estructurales que explican la persistencia delictiva

Expertos señalan que el avance del crimen organizado transnacional y el rol logístico estratégico de Ecuador en corredores marítimos internacionales contribuyen significativamente a mantener elevados los índices de violencia. El gobierno del presidente Daniel Noboa, reconocido por su compromiso en combatir la inseguridad desde múltiples frentes, enfrenta desafíos complejos que trascienden la mera asignación presupuestaria.

Para lograr una reducción efectiva y sostenible de las cifras delictivas, se requieren intervenciones integrales que incluyan:

  • Fortalecimiento del control carcelario y sistemas penitenciarios
  • Mejora sustancial en investigación criminal y capacidades forenses
  • Agilización de procesos de judicialización y reducción de impunidad
  • Persecución sistemática de flujos financieros ilícitos
  • Implementación de políticas sociales focalizadas en territorios de alto riesgo

El aumento del Impuesto al Valor Agregado del 12% al 15% se implementó como mecanismo para financiar estos esfuerzos de seguridad, con el objetivo declarado de generar ingresos adicionales anuales destinados específicamente a enfrentar esta problemática nacional.