Clan familiar tejió engaño millonario con proyectos inmobiliarios fantasmas en Boyacá
Durante seis años consecutivos, una familia habría construido un sofisticado esquema de estafa que afectó el sueño de vivienda propia de al menos 45 personas en el departamento de Boyacá. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los implicados se habrían apropiado de más de 1.500 millones de pesos mediante ofertas engañosas de proyectos residenciales que nunca existieron.
La estructura familiar detrás del fraude
La investigación judicial señala que detrás de esta millonaria estafa inmobiliaria estarían Nelson Guarín Dueñas, su esposa Yolanda Lucía Divantoque Gómez y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque. Cada miembro de la familia habría desempeñado un rol específico para dar credibilidad y solidez aparente a sus operaciones fraudulentas.
Nelson Guarín Dueñas, según la Fiscalía, se presentaba como representante legal de una constructora ficticia. Era quien lideraba las reuniones con potenciales compradores, mostraba predios donde supuestamente se desarrollarían urbanizaciones y firmaba contratos de compraventa con apariencia legal. Su papel resultaba fundamental para generar confianza entre las víctimas, actuando como la cara visible y formal del negocio ilícito.
Estrategia de persuasión meticulosa
Mientras el padre se encargaba de las negociaciones principales, la madre y el hijo reforzaban la estrategia de engaño mediante tácticas complementarias:
- Exhibición de planos arquitectónicos impresos de viviendas que nunca se construirían
- Detalladas descripciones de características de inmuebles inexistentes
- Garantías falsas sobre licencias de construcción y avales de autoridades municipales
- Recorridos por lotes que supuestamente serían desarrollados
Esta combinación de elementos habría sido determinante para persuadir y convencer a los interesados, quienes confiaron sus ahorros de años de trabajo en promesas que nunca se materializarían.
Proyectos inexistentes en Duitama
La investigación fiscal establece que los ofrecimientos se centraban principalmente en proyectos ubicados en el municipio de Duitama, los cuales carecían completamente de viabilidad legal y técnica. A pesar de esta realidad, los estafadores los promovían como oportunidades únicas en el mercado inmobiliario, añadiendo atractivas facilidades de pago que hacían más seductora la negociación para las víctimas.
Según los documentos de la Fiscalía, los implicados solicitaban sumas considerables de dinero para separar los inmuebles, respaldando cada transacción con promesas de compraventa que sistemáticamente incumplían. Las víctimas entregaban sus recursos económicos convencidas de que estaban asegurando su vivienda futura, sin sospechar que detrás de las ofertas no existían proyectos viables ni intenciones reales de construcción.
Impacto económico y social devastador
Entre los años 2018 y 2024, el presunto esquema fraudulento habría permitido la apropiación ilícita de 1.536 millones de pesos, según las cuentas presentadas por las autoridades. Esta cifra millonaria corresponde a los aportes realizados por las 45 personas identificadas hasta el momento, aunque investigaciones adicionales podrían revelar más afectados.
Más allá de las pérdidas económicas cuantificables, el caso deja un impacto social profundamente doloroso: familias completas que destinaron recursos acumulados durante años de trabajo honesto con la legítima esperanza de acceder a una vivienda propia. Muchas de estas víctimas vieron frustrado su proyecto de vida y seguridad habitacional debido al engaño sistemático.
Judicialización y proceso legal en curso
La Fiscalía General de la Nación anunció formalmente la judicialización de los tres integrantes de la familia Guarín Divantoque como posibles responsables del delito de estafa mediante falsas ofertas de vivienda. Los cargos incluyen la afectación a múltiples ciudadanos que confiaron en la seriedad de operaciones inmobiliarias que resultaron ser completamente ficticias.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación penal avanzada, donde un juez de la República deberá determinar la responsabilidad individual de cada implicado y las consecuencias jurídicas correspondientes. Las autoridades han destacado la importancia de este proceso para enviar un mensaje contundente contra este tipo de delitos que afectan especialmente a familias de recursos limitados.
Las víctimas del fraude esperan que la justicia actúe con celeridad y firmeza, mientras expertos recomiendan verificar exhaustivamente la legalidad de proyectos inmobiliarios antes de realizar cualquier inversión significativa.
