La tensión política en Bolivia ha alcanzado un punto crítico. El expresidente Evo Morales, desde su bastión en el Trópico de Cochabamba, ha lanzado una grave denuncia: asegura que existe un operativo en marcha, impulsado por Estados Unidos y respaldado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, para arrestarlo o incluso acabar con su vida.
Denuncia de un operativo militar
“Estados Unidos ordenó al Gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, afirmó Morales a través de sus redes sociales. En su mensaje, el líder indígena también acusó a las autoridades de ambos países de mantener una campaña de “difamación, insultos y acusaciones sin pruebas” en su contra.
Según el exmandatario, detrás de este presunto despliegue estarían el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez, y el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano. Morales sostiene que ya hay efectivos militares y agentes extranjeros en la región cocalera de Chapare. “Yo digo que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten”, declaró de forma dramática durante su programa de radio.
Contexto judicial y protestas
El rechazo de Morales hacia estas maniobras no es casual. El Gobierno lo vincula directamente con protestas violentas y presuntos nexos con el narcotráfico, acusaciones que el líder cocalero niega rotundamente, argumentando que solo buscan justificar la militarización de sus zonas de mayor respaldo político.
El trasfondo judicial es complejo. Actualmente, pesa sobre Morales una orden de aprehensión por un caso de trata de personas con agravante. La Fiscalía de Bolivia confirmó que solicitará una pena de 20 años de cárcel para el expresidente, debido a la relación que mantuvo con una menor de edad hacia el final de su mandato. Aislado y fuertemente custodiado por sus seguidores en Chapare, Morales ha ignorado todas las citaciones judiciales. Para él, este proceso es una fabricación del aparato estatal, una postura que mantiene desde la gestión del anterior mandatario, Luis Arce.
Respuesta del presidente Rodrigo Paz
La reacción del palacio de Gobierno ante el desafío de Morales y los bloqueos de sus sectores afines no se ha hecho esperar. Durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, el presidente Rodrigo Paz advirtió con firmeza que quienes intenten “destrozar la democracia” deberán responder ante la Justicia. “Esos que intentan desde el pasado destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel, porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, expresó el mandatario, asegurando que el proceso democrático en Bolivia es “irreversible”, sin importar a quién le disguste.
Para cerrar la pinza, el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, elevó el tono de la confrontación al atribuir las movilizaciones a “un plan macabro” financiado por el narcotráfico. Gálvez no solo responsabilizó directamente a Morales de las muertes registradas durante las protestas, sino que reiteró que las fuerzas oscuras que conspiran contra la estabilidad del país afrontarán severas consecuencias judiciales. Mientras tanto, las calles bolivianas siguen bloqueadas y marcadas por la escasez de combustible, la crisis económica y una polarización interna que parece no tener retorno.
