Las autoridades colombianas se encuentran en estado de máxima alerta tras el hallazgo de dos importantes cargamentos de material explosivo en Bogotá y Medellín, a escasos días de las elecciones presidenciales. En ambas ciudades fueron decomisadas grandes cantidades de anfo, un potente explosivo que, según las investigaciones, iba a ser distribuido entre grupos armados ilegales.
Incautación en Bogotá: 230 kilos de anfo
En la capital del país, la Policía capturó a Brian Steven Urrea, quien fue enviado a prisión por transportar 230 kilos de anfo en un vehículo tipo furgón. El material estaba camuflado dentro de costales y el detenido intentó hacerlo pasar como fertilizante. El fiscal del caso, Sergio Ardila, advirtió que de haber sido utilizado, el explosivo habría tenido un poder de destrucción masivo, comprometiendo no solo edificaciones sino también la vida de muchos ciudadanos.
Red delincuencial detrás del cargamento
Versiones preliminares de la Sijín indican que Urrea sería parte de una red criminal dedicada a la distribución de explosivos entre grupos armados. Este hallazgo se suma a más de 20 atentados registrados recientemente, lo que genera una profunda preocupación por la seguridad a menos de un mes de la contienda electoral. Las autoridades no consideran este hecho como un caso aislado.
Días antes, también se descubrió un dron modificado artesanalmente con 158 gramos de explosivos tipo C4 en las cercanías del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), lo que refuerza la alerta.
Tonelada y media de anfo incautada en Medellín
El mismo día en que Urrea fue enviado a prisión, se conoció que en Medellín la Policía incautó una tonelada y media de anfo, tres toneladas de nitrato de amonio y 2.700 detonantes. Estos materiales fueron fabricados en el exterior e ingresaron ilegalmente al país. El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, señaló que el material pertenecía a estructuras multicrimen que utilizan estos explosivos para fortalecer actividades terroristas y dinamizar economías ilícitas, como la minería ilegal de oro. Gracias a esta operación se evitaron acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de los explosivos y desmantelar por completo las redes involucradas en su tráfico.
