Extorsión en Barranquilla desborda el comercio: cierres masivos y silencio por miedo
La extorsión en Barranquilla y su área metropolitana ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una práctica sistemática que condiciona la actividad económica local. Comerciantes pequeños, tenderos y dueños de negocios operan bajo una lógica de pago obligatorio, donde negarse puede significar amenazas directas, ataques violentos o el cierre definitivo de sus establecimientos.
Un flagelo que crece desde hace siete años
"Llevamos más de siete años con un crecimiento sostenido de este flagelo. Los negocios no están abriendo y muchos están cerrando por miedo", afirma Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco. Esta crisis ya no se mide únicamente en denuncias formales, sino en calles cada vez más vacías de comercio y en una economía barrial que pierde terreno frente a la presión criminal organizada.
Durante los últimos años, al menos 400 micro y pequeños establecimientos han cerrado en Barranquilla, Soledad y Malambo. De estos, aproximadamente 200 eran tiendas de barrio, puntos neurálgicos para el abastecimiento básico y la dinámica económica de sectores populares.
El silencio que distorsiona las estadísticas
La cifra más reveladora no está en los cierres documentados, sino en lo que permanece oculto. Entre el 70% y el 80% de los comerciantes afectados por extorsión no acuden a las autoridades, según información conocida por este medio periodístico.
"Muchos prefieren pagar. No denuncian porque los amenazan a ellos, a sus familias, a sus empleados. Hay casos en los que intentan incendiar los negocios o disparan contra las fachadas para presionar", explica Jiménez. Este subregistro masivo distorsiona cualquier intento de medir la magnitud real del fenómeno, creando una brecha peligrosa entre las estadísticas oficiales y la percepción ciudadana.
Barrios donde el comercio desaparece progresivamente
El impacto de la extorsión se refleja con mayor claridad en zonas específicas de la ciudad:
- En el sector de Villa Blanca, al suroccidente de Barranquilla, la presión de grupos criminales llevó al cierre de casi todas las tiendas.
- En barrios tradicionales como Chiquinquirá, Montes y San Roque, en el centro de la ciudad, se registró el cierre de al menos 40 establecimientos comerciales.
- La situación no solo implica cierres forzados, sino que también ha frenado drásticamente la creación de nuevos negocios.
"Hoy en día usted no ve que se estén abriendo tiendas. La gente no quiere invertir porque sabe que va a tener que pagar. Y eso hace inviable cualquier emprendimiento pequeño", señala el vicepresidente de Undeco.
Un sistema de cobro que se expande y diversifica
Para expertos en seguridad, la extorsión funciona actualmente como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales. El analista Alejandro Blanco lo describe como un "impuesto criminal" que no solo genera ingresos ilícitos, sino que también permite sostener otras actividades ilegales como el sicariato y el control territorial.
Este sistema opera con múltiples actores. Aunque bandas como Los Costeños y Los Pepes son señaladas como protagonistas, también hay delincuentes comunes que utilizan sus nombres para intimidar y extorsionar, creando un esquema fragmentado donde un mismo negocio puede recibir exigencias de varios grupos simultáneamente.
Violencia como mecanismo de presión creciente
Las formas de extorsión han evolucionado significativamente. Ya no se limitan a llamadas telefónicas o panfletos amenazantes. En los últimos años se han vuelto más visibles y violentas:
- Intentos de incendiar negocios completos
- Disparos contra fachadas de establecimientos
- Amenazas directas contra familiares de comerciantes
"Han intentado prenderle fuego a negocios, disparan contra las fachadas. Eso no es nuevo, pero en los últimos meses se ha vuelto más frecuente", advierte Jiménez. Estos hechos funcionan como mensajes contundentes para quienes dudan en pagar las exigencias económicas.
Respuesta institucional y limitaciones evidentes
A pesar del incremento en operativos policiales y capturas, el fenómeno sigue activo y en expansión. Uno de los factores que limita el impacto de estas acciones es la alta tasa de liberación de los detenidos. Según el Ministerio de Defensa, cerca del 90% de los capturados en flagrancia por extorsión recuperan la libertad, lo que permite que el ciclo delictivo continúe prácticamente sin interrupciones.
El Gaula de la Policía ha fortalecido su presencia en el área metropolitana, pasando de 50 a más de 120 efectivos, pero el problema persiste con fuerza. "Las autoridades están trabajando, eso hay que reconocerlo. Pero esto creció tanto, echó tantas raíces, que se necesita mucho más para poder controlarlo", afirma Jiménez con preocupación evidente.
Consecuencias económicas profundas y duraderas
El efecto final de este fenómeno criminal se siente en la economía cotidiana de Barranquilla. Los negocios no solo cierran, sino que pierden valor comercial de manera dramática. Locales que antes se vendían en 60 u 80 millones de pesos hoy se ofrecen por la mitad o menos, y en muchos casos no encuentran compradores debido al riesgo asociado al territorio.
A esta depreciación forzada se suma la presión constante que enfrentan quienes deciden seguir operando contra viento y marea. "Muchos pagan porque sienten que no tienen otra opción. El miedo está ahí, y eso es lo que termina sosteniendo todo este sistema", concluye el representante gremial, pintando un panorama complejo que requiere soluciones integrales y coordinadas entre autoridades, comerciantes y comunidad en general.
