Investigan posibles fallas en protección de Miguel Uribe Turbay
La investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay continúa revelando posibles deficiencias en la respuesta del Estado colombiano ante las solicitudes de seguridad del exprecandidato presidencial del Centro Democrático. Documentos divulgados por la revista Semana evidencian que Uribe Turbay realizó múltiples peticiones formales para reforzar su esquema de protección, incluyendo medidas para su familia, sin obtener una respuesta favorable de las autoridades competentes.
Solicitudes formales ignoradas
Desde el momento del crimen, han surgido serios cuestionamientos sobre si el dirigente político contaba con la protección necesaria para enfrentar las amenazas que denunciaba. Aunque el Gobierno ha negado cualquier irregularidad en el manejo del caso, la evidencia documental apunta a que las advertencias del entonces senador fueron claras, detalladas y reiteradas en múltiples oportunidades.
El 30 de abril de 2024, Uribe Turbay se reunió en el norte de Bogotá con un subintendente de la Policía Nacional encargado de estudios de riesgo. En ese encuentro, expuso detalladamente las amenazas que enfrentaba debido a su posición política y sus pronunciamientos públicos, pero no se adoptaron decisiones concretas para fortalecer su seguridad.
Argumentos de riesgo documentados
Entre los argumentos consignados oficialmente, se menciona específicamente que Uribe Turbay "ha realizado fuertes pronunciamientos frente a temas de relevancia para nuestro país; la ley de paz total, acuerdos de paz con las Farc, ELN y demás grupos armados ilegales, presentados por el Gobierno". El documento también registra que el político advertía sobre su exposición como figura de oposición y su postura crítica frente al Gobierno de Gustavo Petro, factores que elevaban significativamente su nivel de riesgo personal.
En esa misma línea, se dejó constancia oficial de que "habiendo acudido a entes internacionales a fin de llevar a cabo una contraofensiva diplomática contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que frecuentemente cuestiona; exponiendo que es víctima de hostigamiento por parte de miembros del Pacto Histórico y personas del Gobierno".
Condiciones personales de vulnerabilidad
Otro elemento clave documentado es su condición personal como víctima del conflicto armado. En el registro oficial se indica que "menciona ser víctima del conflicto armado, por hechos de afectación que fueron de conocimiento e indignación; se refiere al secuestro de su madre por el grupo de Los Extraditables, el 30 de agosto de 1990, quien fue asesinada el 25 de enero de 1991".
A partir de este contexto de vulnerabilidad histórica, el entonces congresista solicitó medidas concretas de protección:
- Ampliar su esquema de seguridad personal
- Extender la protección a los miembros de su familia
- Reforzar las medidas de seguridad en su vivienda
- Garantizar acompañamiento permanente en sus desplazamientos por el territorio nacional
Comunicaciones oficiales desatendidas
El 25 de marzo de 2024, Uribe Turbay envió un oficio formal a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que insistió en estas necesidades de seguridad y citó precedentes judiciales para respaldar jurídicamente su petición. En ese documento, expresó textualmente: "Me permito informar sobre los desplazamientos que se realizarán en cumplimiento de mis funciones como senador, solicitando que (...) en concordancia con el precedente establecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (...) se brinde el apoyo de la UNP en la asignación de un vehículo y un hombre de protección que garanticen mi seguridad".
Además, advirtió explícitamente que "la protección de las personas a quienes se les determina un riesgo extraordinario de seguridad no puede quedar al arbitraje de las interpretaciones efectuadas por la UNP en temas de administración".
Respuestas institucionales insuficientes
Pese a estas solicitudes formales y fundamentadas, las respuestas de la entidad se mantuvieron sin cambios sustanciales. En las comunicaciones oficiales, firmadas por funcionarios de la UNP, se argumentó repetidamente que "la UNP presentó propuesta económica de servicios (...) fue la corporación legislativa la que (...) decidió no contemplarlos", manteniendo así argumentos administrativos para negar los refuerzos solicitados, a pesar del nivel de riesgo descrito por el entonces senador.
Declaraciones del director de la UNP
Ante la revelación de estos documentos, Semana publicó las declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien se refirió a las presuntas falencias que rodearon la muerte del político. Según su versión, la responsabilidad recayó principalmente sobre el propio senador del Centro Democrático.
"Quiero que quede claro que es una diligencia de entrevista a una evaluación de riesgo. Le quiero dar la buena noticia de que es la Policía la que actualmente hace los estudios, no como han dicho que es la UNP. La Policía es la que evalúa el nivel de riesgo y recomienda las medidas de protección", detalló el funcionario.
Rodríguez intentó trasladar la responsabilidad a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional, aunque fue él mismo quien firmó la resolución que mantuvo el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, esquema que posteriormente resultó insuficiente para prevenir el atentado. "Nos oficiaron, la Policía no acostumbraba a entregarnos información", argumentó Rodríguez como justificación.
Defensa del protocolo establecido
Frente a la resolución que ratificó el esquema de dos vehículos blindados y tres personas de protección, calificándolo como riesgo extraordinario, Rodríguez explicó que esta categoría se asigna de acuerdo con un puntaje específico y que, según los protocolos establecidos, el esquema de seguridad de Uribe Turbay era suficiente.
Al ser cuestionado sobre si eran suficientes tres hombres para proteger a Uribe Turbay siendo precandidato presidencial y con un núcleo familiar compuesto por siete personas, Rodríguez nuevamente acudió al protocolo: "Con riesgo extraordinario se les da vehículo blindado y demás; es más o menos eso. Él no tuvo el riesgo máximo, eso lo determina la Policía", insistió el director de la UNP.
Finalmente, Rodríguez advirtió que fue el propio Uribe Turbay quien "cometió errores gravísimos, mortales, en el tema del manejo de su esquema de protección; nunca debió dividirlo. Le dio la mitad del esquema a su esposa. El día del atentado, parte del esquema estaba en un club importante", cerrando así su defensa institucional frente a las acusaciones de negligencia en la protección del político asesinado.
