Las diferencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Consejería Comisionada de Paz continúan en aumento. El punto central del conflicto es el levantamiento de las órdenes de captura para 29 jefes del Clan del Golfo, quienes deberían trasladarse el 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Reunión sin acuerdos
La fiscal Luz Adriana Camargo y el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, sostuvieron una reunión de tres horas el jueves 14 de mayo para intentar resolver sus discrepancias. Sin embargo, no se logró ningún avance significativo. La Fiscalía emitió un comunicado el 12 de mayo en el que dejó clara su postura: no se suspenderán las órdenes de captura de manera automática hasta que se cuente con información detallada sobre el progreso real de las negociaciones de paz con el grupo criminal.
Exigencias de la Fiscalía
La fiscal Camargo señaló que la información proporcionada por el Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no es suficiente para verificar el contenido de los acuerdos de paz ni el cumplimiento efectivo de los mismos. Además, destacó la necesidad de mejorar los mecanismos de verificación, los cuales no deben depender únicamente de lo informado por los miembros del grupo, sino que deben ser realizados por autoridades del Estado mediante un proceso claro, trazable y verificable.
Otro punto relevante es la solicitud de respetar los tratados de extradición internacionales, incluso durante las negociaciones con grupos ilegales. La Fiscalía pidió conocer las identidades completas de las 29 personas beneficiadas por la orden, especialmente la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, máximo líder del Clan del Golfo, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
Reacción de la Consejería de Paz
La postura de la fiscal Camargo no fue bien recibida por el consejero Patiño, quien expresó su extrañeza ante la negativa. Según Patiño, el levantamiento de las órdenes de captura es automático según la ley de paz total y no está sujeto a verificaciones por parte de la Fiscalía, ya que estas estarían fuera de sus competencias.
El desencuentro llevó a la reunión entre ambos funcionarios, pero no se alcanzó un punto intermedio. Fuentes de la Fiscalía indicaron que la postura se mantiene firme: no hay posibilidad de negociación hasta que se amplíe la información sobre el avance real de la negociación.
