Gabela a capos del 'tarimazo' en Medellín: nueva polémica en la 'paz total' de Petro
La decisión del Gobierno Nacional de solicitar la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín ha generado una intensa polémica en el marco de la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro. La medida, que permite a estos líderes delincuenciales salir temporalmente de prisión para participar en mesas de diálogo, llega en plena época electoral y ha encendido las alarmas de autoridades regionales.
Los beneficiados y el contexto del 'tarimazo'
Entre los 23 capos que obtuvieron la suspensión de sus órdenes de captura se encuentran nueve que participaron en el polémico 'tarimazo' del 21 de junio pasado junto al presidente Petro. La lista incluye a figuras como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, entre otros herederos de la estructura criminal de 'don Berna'.
La fiscal general Luz Adriana Camargo justificó la medida argumentando que estas personas estarían cumpliendo compromisos pactados para desescalar el conflicto en la región, amparándose en la Ley 2272 de 2022 y en una sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la decisión ha sido interpretada por críticos como una concesión peligrosa a criminales que mantienen operaciones desde la cárcel.
Reacciones políticas y alertas de seguridad
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazaron tajantemente la medida. Ambos mandatarios alertaron sobre posibles intereses electorales detrás de esta nueva fase de la 'paz total', señalando que estas bandas criminales tienen bajo su servicio a aproximadamente 1.200 hombres armados en Medellín y su área metropolitana.
"No existe la mal llamada 'paz total', lo que existe es una entrega total de Colombia a los peores criminales", afirmó el alcalde Gutiérrez, quien cuestionó las verdaderas intenciones detrás de permitir que estos capos salgan de prisión durante el proceso electoral.
Argumentos del Gobierno y cifras en disputa
La oficina del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, defendió la medida argumentando que existen avances concretos en los diálogos con estas bandas y que los permisos son "urgentes para la vida y la tranquilidad de las comunidades de Medellín y el valle de Aburrá". El Gobierno sostiene que durante los dos años de la 'mesa sociojurídica', los homicidios en la región han disminuido significativamente.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2026 se registraron 92 asesinatos en el Valle de Aburrá, frente a 119 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 23%. En Medellín específicamente, los homicidios bajaron de 85 a 69, siendo las comunas más afectadas La Candelaria, Manrique y Belén.
Preocupaciones electorales y advertencias expertas
El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar advirtió que el Gobierno insiste en el error de "entregar concesiones a personas que han delinquido sin haber hecho ningún acto de paz". Bernal Cuéllar señaló que la finalidad parece ser "manejar las elecciones por cuenta de estas personas que tienen dominios en ciertos territorios".
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, destacó que la 'paz total' sigue adoleciendo de "una debida verificación de los compromisos de las mesas" y expresó preocupación porque estas decisiones se tomen en época electoral, lo que podría interferir con el libre ejercicio del voto.
El papel de la senadora Zuleta y seguimiento a acuerdos
La senadora Isabel Cristina Zuleta, delegada del Gobierno para las negociaciones con los presos de Itagüí, defendió las gestiones realizadas en el marco de la ley de 'paz total'. Zuleta aseguró que con estas mesas ya se entró en lo que llamó "fase de irreversibilidad", que implica revisar los compromisos adquiridos por los 23 beneficiados para darles continuidad en el tiempo.
Sin embargo, Herrera pidió que el Gobierno Nacional haga "total publicidad a los compromisos de estas 23 personas para garantizar que sí sean merecedoras de este tipo de privilegios", destacando la necesidad de transparencia en un proceso que afecta directamente la seguridad ciudadana y la integridad del proceso electoral.
Impacto regional y perspectivas futuras
La medida ha reavivado las tensiones entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales de Antioquia, particularmente en un contexto donde las bandas criminales mantienen una fuerte influencia en territorios estratégicos. Proantioquia, el gremio de empresarios de la región, rechazó el beneficio manifestando que "envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía y siembra un ambiente de zozobra en medio del proceso electoral".
Las autoridades locales y la Policía mantienen una vigilancia especial sobre el desarrollo de los acontecimientos, mientras organizaciones de observación electoral han sido alertadas para verificar que no existan presiones indebidas sobre los electores en las regiones donde operan las bandas de los capos beneficiados.
