Un mensaje macabro que exige acción inmediata del Estado colombiano
La sociedad colombiana sigue indignada por la violencia de los grupos criminales, cuya brutalidad y cobardía ya no sorprenden pero sí generan un rechazo unánime. El feroz ataque del jueves pasado, donde fueron asesinados Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, dos miembros del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, representa un nuevo capítulo de terror que debe leerse con todas sus letras.
La sevicia de un ataque planeado contra la democracia
Las imágenes difundidas este fin de semana por este diario, que muestran el momento del vil ataque en la vía entre Fortul y Tame en el departamento de Arauca, hablan por sí solas. Revelan la sevicia, el sinsentido y el salvajismo de los atacantes, quienes creían que en la caravana viajaba el senador Castellanos. Por fortuna, el legislador no ocupaba su vehículo asignado y salvó su vida, pero su lamento por sus escoltas es más que justo y debe ser compartido por toda la nación.
Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique eran dos vidas valiosas de colombianos valerosos, dedicados al noble aunque riesgoso oficio -especialmente en este país- de proteger la vida de otras personas, incluso a costa de la propia. Ellos murieron en cumplimiento de su misión, defendiendo los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad.
Indicios claros y responsabilidades pendientes
Estos hechos, donde incluso se lograron visualizar las caras de algunos de los criminales, proporcionan más indicios para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque. La justicia colombiana tiene ahora el imperativo de actuar con celeridad para que pronto volvamos a ver a estos responsables, pero esta vez siendo juzgados ante los tribunales.
El horrendo episodio demuestra lo frescos que actúan los grupos criminales en varias zonas del país y plantea serias preocupaciones sobre la campaña política, que ya se encuentra en plena ebullición. Extremar todas las medidas de prevención y protección para los candidatos y el proceso electoral se ha convertido en una necesidad urgente, especialmente cuando ya existen varias alertas sobre posibles amenazas.
Más allá del repudio: la obligación constitucional del Estado
La respuesta no puede limitarse al repudio generalizado. El Gobierno nacional, no solo por su obligación constitucional de defender la vida de todos los colombianos, sino por el imperativo moral de proteger las instituciones democráticas, no puede ahorrar ningún esfuerzo en someter a quienes, todo indica, no les importa la paz.
Estos grupos solo persiguen sus intereses particulares, entre los cuales se encuentra la desestabilización del país en un momento político crucial. La protección de la integridad física de los candidatos, funcionarios y ciudadanos debe convertirse en la máxima prioridad de las autoridades, demostrando que la violencia criminal no tendrá cabida en el futuro de Colombia.
La memoria de Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique exige no solo justicia, sino también un compromiso renovado con la seguridad y la paz en todos los territorios nacionales.
