En el marco de la LIII Asamblea Anual de Afiliados de Procaña, celebrada en Cali, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar lanzó una advertencia sobre la grave situación de inseguridad jurídica que afecta al sector agropecuario colombiano. El evento, que reunió a los principales cultivadores de caña del país, sirvió como escenario para abordar temas críticos como la seguridad rural, las invasiones de tierras y la quema de cultivos.
Expansión de estructuras criminales
Ibáñez señaló que existe una "grave dificultad con motivo de la expansión de las estructuras criminales de distintas naturalezas, unas de alto impacto, otras dedicadas principalmente a la toma de buenas partes de las poblaciones". Estas organizaciones ilícitas operan tanto en zonas urbanas como rurales, afectando la seguridad y la estabilidad del campo colombiano. El magistrado destacó que la falta de presencia estatal en vastas regiones del país es una de las principales causas de esta problemática.
Ausencia de pie de fuerza
“Esa es la gran preocupación que tenemos en este instante, la falta de seguridad que se genera precisamente por la ausencia de pie de fuerza en buena parte del territorio tomado por estas estructuras criminales”, afirmó Ibáñez. Esta situación no solo facilita el accionar de los grupos armados, sino que también genera un clima de incertidumbre para los productores agropecuarios que ven amenazadas sus inversiones y su integridad.
Despojo y restitución de tierras
El magistrado también se refirió a las dificultades relacionadas con el despojo y la restitución de tierras. "Y, por supuesto, a partir de ahí, fuera del despojo y la imposibilidad de la restitución de las tierras, adicionalmente la dificultad para los propietarios o los poseedores luego de recuperarlas, y lo que genera una inseguridad jurídica que a su turno se refleja en una situación de sobreincertidumbre para el país", explicó.
Papel de las altas cortes
Ibáñez aclaró que no hablaba en representación oficial de la Corte Constitucional, pero explicó el rol de las altas cortes en la protección de la seguridad jurídica. "Yo no soy el vocero en este instante de la Corte, lo es la presidenta de la institución, pero yo, como magistrado de esa corporación, encuentro que le corresponde al legislador en todo caso adoptar las medidas que corresponden para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica", declaró.
Asimismo, defendió la función de control constitucional que ejerce la Corte junto con otras instituciones judiciales: "A nosotros nos corresponde hacer el control de constitucionalidad de las normas con fuerza de ley, entre otras cosas para garantizar la estabilidad institucional y la seguridad jurídica del país, y lo estamos haciendo conjuntamente, como lo hace también el Consejo de Estado en su labor de control sobre la actividad pública".
Protección del Estado de derecho
Durante su discurso ante los asistentes, Ibáñez enfatizó que la función de la rama judicial está relacionada con la protección del Estado de derecho y la preservación de las garantías democráticas. "La rama judicial del Poder Público, cuya función principal justamente es garantizar y preservar el estado de derecho, garantizar y preservar el orden constitucional, garantizar y preservar la democracia y garantizar y preservar el futuro, así como el presente, pero sobre todo el futuro de nuestro país", sostuvo.
Participación del sector privado
El magistrado también destacó la importancia de la participación del sector privado en la construcción institucional del país. "Con ustedes, el sector privado, construir, mantener y preservar ese orden constitucional que de entrada garantiza unos elementos sustanciales desde la Constitución, no solamente un sistema político como es el que se consagra en la Carta Constitucional, que es el territorio, un sistema de gobierno presidencial pero no autoritario y adicionalmente un sistema de carácter territorial o un elemento territorial donde prima la autonomía de las entidades territoriales", concluyó.
El evento contó con la presencia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y otros líderes del sector agroindustrial. La Asamblea de Procaña se consolida como un espacio clave para el diálogo sobre los desafíos y oportunidades del campo colombiano.
