Crudas revelaciones en audiencia por crimen de hermanas en Malambo
Las audiencias por el doble homicidio de dos adolescentes en Malambo han dejado al descubierto nuevas piezas probatorias que refuerzan la solicitud de detención intramural contra Juan David Taboada Olivera, alias 'Tata'. La Fiscalía y el Ministerio Público presentaron evidencias que incluyen el uso de una identidad falsa en una clínica de Barranquilla y comunicaciones extorsivas realizadas después de los crímenes.
Un caso que comenzó como desaparición
El expediente judicial se activó el 19 de febrero de 2026 cuando la familia reportó la desaparición de dos menores de 14 y 17 años en Barranquilla. Según la reconstrucción presentada en sala, las jóvenes salieron de su casa tras contactar a varios jóvenes por redes sociales y llegaron a una vivienda en el sector Maranatha de Malambo, donde se encontraba el imputado.
La noche de los hechos, según la Fiscalía, un menor de 17 años habría disparado dos veces contra la adolescente de 14 años. Posteriormente, Taboada habría reducido físicamente a la víctima mayor para permitir que el menor la degollara con un arma blanca. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa en el patio de la vivienda, confirmándose posteriormente la causa de muerte mediante peritajes de Medicina Legal.
La pista del celular y la identidad falsa
Uno de los hallazgos más significativos presentados en la audiencia fue el rastro dejado por una línea telefónica intervenida. Esta línea apareció en mensajes amenazantes recibidos por la madre desde el 19 de febrero, permitiendo su georreferenciación en las inmediaciones de la Clínica Altos de San Vicente en Barranquilla, días después del crimen.
La defensora de víctimas reveló que Taboada ingresó a ese centro médico haciéndose pasar por su hermano menor, una maniobra que evidencia intención de ocultamiento y que fue respaldada por declaración jurada de la madre. La Policía Judicial verificó el ingreso en admisiones y cruzó la señal del celular, conectando la presencia física del imputado con el dispositivo geolocalizado.
Extorsiones cuando las víctimas ya estaban muertas
El Ministerio Público presentó como eje determinante las comunicaciones extorsivas registradas entre el 20 y 22 de febrero, donde se exigían montos variables de 40 a 5 millones de pesos a la madre, con la promesa de liberar a las menores. Estas llamadas se realizaron cuando las adolescentes ya estaban fallecidas, según la cronología establecida en la investigación.
Para el procurador delegado, estas comunicaciones muestran continuidad delictiva y robustecen las razones para solicitar la medida de aseguramiento, incluyendo la protección a víctimas y comunidad, y la prevención de obstrucción a la justicia. El patrón de peligrosidad evidenciado ameritaría, según su argumentación, la detención preventiva.
Concentración en homicidio agravado y porte de armas
Aunque la imputación inicial incluyó múltiples delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo y fabricación, tráfico o porte de armas, el Ministerio Público precisó que la solicitud de medida de aseguramiento se concentró específicamente en homicidio agravado y porte de armas. Esta delimitación establece el terreno jurídico en el que el juez debe analizar:
- Necesidad de la privación de libertad
- Adecuación de la medida solicitada
- Proporcionalidad respecto a los hechos
- Razonabilidad antes de la sentencia definitiva
El procurador argumentó que la gravedad de las conductas, el riesgo de no comparecencia frente a penas altas, la obstrucción probatoria y la continuidad delictiva cumplen con el umbral requerido para la detención intramural.
Decisión judicial pendiente para el 17 de marzo
Con todas estas piezas probatorias presentadas, el despacho judicial deberá resolver el próximo 17 de marzo si impone la detención intramural contra alias 'Tata', medida que cuenta con el respaldo de la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas. La audiencia determinará si el imputado será enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El caso ha generado atención nacional por la crudeza de los hechos y las revelaciones presentadas en las audiencias, que incluyen no solo la violencia extrema ejercida contra las víctimas, sino también las maniobras posteriores de ocultamiento y extorsión que han sido documentadas mediante interceptaciones telefónicas, georreferenciación y testimonios.
