La Superintendencia de Sociedades decidió sancionar al reconocido 'trader' Jovany Andrés Taborda Aristizabal con la toma de posesión de sus bienes, tras comprobar que realizó operaciones de captación no autorizada de dineros del público. Según la autoridad, Taborda Aristizabal habría recaudado al menos 1.528 millones de pesos de 31 personas, utilizando sus firmas de asesoría financiera.
Esquema de captación ilegal
La investigación indica que este esquema estaría relacionado con varias sociedades, entre ellas Fénix Group Consultores S.A.S., Fénix Inversiones y Valores S.A.S. y Fénix Private Investors Corporation, que habrían sido utilizadas para dar una apariencia de formalidad y estructura empresarial. De acuerdo con la información de la Supersociedades, el 'trader' recibía dineros por medio de contratos de mandato para la administración de recursos o acuerdos de administración, bajo la promesa de rendimientos fijos mensuales entre el 2% y el 4%, independientemente del resultado de las operaciones realizadas.
Medidas cautelares y agente interventora
Como parte de la decisión, la Supersociedades impuso medidas cautelares sobre la totalidad de los bienes de Taborda Aristizabal. Estas medidas buscan preservar activos que puedan ser administrados dentro del proceso y, eventualmente, servir para la recuperación de recursos. Así mismo, la entidad también designó como agente interventora a Doris Hormaza León, quien tendrá un papel central en la gestión del proceso judicial.
Afectados podrán solicitar devolución de dineros
La Superintendencia de Sociedades informó que, con la toma de posesión, inicia el proceso judicial respectivo para procurar la devolución de los dineros. Las personas afectadas podrán hacerse parte remitiendo a la agente interventora la solicitud de devolución, junto con los comprobantes de entrega. Esa actuación deberá hacerse dentro de los términos establecidos en los artículos 9 y 10 del Decreto 4334 de 2008. La ruta planteada por la entidad permite que quienes entregaron dinero acrediten su condición dentro del proceso. La presentación de comprobantes será clave para identificar los recursos reclamados y avanzar en la verificación de las solicitudes. Aunque el comunicado no anticipa resultados sobre la recuperación efectiva del dinero, sí señala que la autoridad desplegará actuaciones judiciales y administrativas para asegurar y administrar los recursos involucrados.
La superintendente de Sociedades encargada, Nini Johanna Castañeda Quintero, afirmó que “la protección del ahorro del público orienta de manera prioritaria la actuación de la Superintendencia de Sociedades en los procesos de intervención por captación masiva y habitual no autorizada”. La declaración subraya el enfoque institucional del caso: evitar que recursos de personas afectadas queden sin una ruta formal de revisión y recuperación. Castañeda agregó que, en ejercicio de sus facultades, la entidad desplegará “todas las actuaciones judiciales y administrativas necesarias para identificar, asegurar, administrar y recuperar los recursos de los afectados, con el propósito de procurar su devolución dentro del proceso de intervención”. Con esa posición, la Supersociedades busca dejar claro que el proceso no solo apunta a intervenir bienes, sino a reconstruir la trazabilidad del dinero recibido.
El caso Taborda Aristizabal se suma a las alertas institucionales sobre esquemas que prometen rentabilidades fijas a cambio de la entrega de recursos. En este expediente, la autoridad parte de una investigación de la Superfinanciera y avanza con una toma de posesión judicial. El objetivo inmediato será establecer el alcance de los recursos recibidos, ordenar la administración de bienes y abrir el camino para que los afectados presenten sus reclamaciones.
