En las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) designó a Hernán Sebastián Ulchur como el nuevo representante legal de Fast Moda, la compañía propietaria de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en Colombia. Esta decisión se enmarca en el proceso judicial que enfrenta la empresa por presuntos delitos de lavado de activos y contrabando.
Antecedentes del caso
Hace algunas semanas, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Ejército Nacional, llevó a cabo un operativo contra la reconocida tienda de ropa femenina Lili Pink. Las investigaciones apuntan a que la cadena ilícita estaría articulada con importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias, utilizando a Lili Pink como fachada para ocultar las actividades ilegales.
Magnitud de las presuntas irregularidades
Según las autoridades, el contrabando detectado superaría los 75.000 millones de pesos. Además, el lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito sería de más de 430.000 millones de pesos. Como resultado, se ordenó la extinción de dominio de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad a nivel nacional. También se decomisó mercancía avaluada en más de 54.000 millones de pesos y se capturó a una persona identificada como Walter Francisco Martínez Martínez.
Operación comercial y pronunciamiento de Lili Pink
A pesar de la intervención, los establecimientos de Lili Pink han continuado operando y vendiendo productos. La empresa se pronunció para afirmar que la mercancía comercializada cuenta con el respaldo legal correspondiente y negó las acusaciones de contrabando. Asimismo, advirtió que el cierre de los locales pondría en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
Rol del nuevo representante legal
Hernán Sebastián Ulchur, abogado y magíster en derecho económico, tiene experiencia en administración de activos, gestión empresarial y estructuración de compañías. Su nombramiento busca garantizar la continuidad de las operaciones comerciales, proteger la marca y salvaguardar los puestos de trabajo mientras se desarrolla el proceso judicial. La SAE será la encargada de administrar los bienes una vez concluya la gestión de la Fiscalía.
