Más de 10.000 colombianos reclutados como mercenarios en conflictos globales en 11 años
Un informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de Naciones Unidas, que concluyó su primera visita a Colombia, ha revelado que más de 10.000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en todo el mundo durante los últimos 11 años. Este es el primer dato aproximado que se conoce sobre la participación de militares colombianos en guerras activas a nivel internacional, según los hallazgos preliminares del grupo.
Presencia en múltiples conflictos y actividades criminales
El informe señala que estos efectivos han estado presentes en países como la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Además, la presidenta del grupo de trabajo, Michelle Small, indicó que "son contratados para participar en operaciones de crimen organizado, especialmente en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos".
Se ha documentado que empresas como Global Qowa Al Basheria S. A. S., dirigida por los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batteó, promueven a través de redes sociales el envío de hasta 100 militares colombianos al exterior por mes. Al ser cuestionada sobre cómo se obtuvieron estas cifras, Small explicó que se consideran diferentes categorías, incluyendo voluntarios, contratistas, mercenarios y aquellos reclutados mediante "prácticas depredadoras", y que se están recopilando y verificando fuentes de datos.
Prácticas depredadoras y testimonios familiares
Las conclusiones preliminares destacan la existencia de militares colombianos involucrados en crímenes de lesa humanidad, como el entrenamiento militar de menores en el conflicto de Sudán. También se enfatiza en las "prácticas depredadoras", donde personas son llevadas a zonas de conflicto mediante engaños y forzadas a combatir.
Un testimonio conmovedor provino de una esposa de un militar, quien relató: "Mi esposo estaba trabajando en Polonia; estuvo dos años cuidando una fábrica, o una mina, cambiaba. Y de repente me dijo: 'No, amor, estoy en Rusia, estoy con las fuerzas especiales de Rusia'". Según el Grupo de Trabajo, más de 600 familias están buscando a sus familiares desaparecidos en estos contextos.
Estimaciones económicas y calificación de los militares
Joana De Deus Pereira, miembro del grupo, precisó que el número de 10.000 militares "puede ser mayor o aún menor", y subrayó la importancia de verificar datos y trazar la cronología de los casos. Pereira calificó a los militares colombianos como unos de los más calificados del mundo en esta industria.
Las estimaciones de la ONU indican que las ofertas para estos militares oscilan entre USD 2.000 y 6.000, dependiendo de su rango, lo que contrasta con el promedio de pensión de un militar retirado que recibe el salario mínimo, aproximadamente dos millones de pesos mensuales (USD 500).
Preocupaciones sobre empresas de seguridad privada
El Grupo de Trabajo expresó preocupación por el papel de algunas empresas de seguridad privada en la expansión del reclutamiento y por las debilidades en su supervisión. Aunque el sector está regulado, persisten vacíos que facilitan procesos de contratación poco transparentes, con posibles vínculos con redes criminales transnacionales.
Se advierte sobre la magnitud del sector: más de 1.300 empresas de seguridad, con más de 400.000 empleados, y al menos 60.000 armas sin licencia en circulación vinculadas a actores de seguridad privada, lo que plantea riesgos en derechos humanos. La expansión de estas empresas responde en parte a las limitaciones del Estado para cubrir necesidades de seguridad, reforzando la urgencia de mejorar controles y regulación.
Avances y próximos pasos
La delegación de la ONU visitó Colombia por invitación del presidente Gustavo Petro y destacó acciones gubernamentales como la aprobación de la Ley 2569, que ratifica la convención internacional contra el mercenarismo de 1989, y los avances en derechos humanos tras el acuerdo de paz de 2016.
Las conclusiones finales de la investigación serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre, proporcionando un análisis más detallado y verificaciones adicionales sobre este fenómeno global que afecta a miles de colombianos y sus familias.
