Padre de senador asesinado emprende acciones legales contra el Estado por magnicidio
Los recientes avances en la investigación del crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han llevado a su padre, Miguel Uribe Londoño, a tomar decisiones contundentes que incluyen una demanda contra el Estado colombiano y una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Revelaciones de la Fiscalía conectan crimen con cúpula criminal
Hace aproximadamente una semana, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, confirmó que la orden del magnicidio provino de la Segunda Marquetalia, mientras que la ejecución estuvo a cargo de una red delincuencial que actuó como intermediaria. La Fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de captura contra integrantes del denominado estado mayor de esa estructura, entre ellos:
- Alias Iván Márquez
- Jhon 40
- Enrique Marulanda
- Rusbel o Rumba
- Gonzalo o Chalo
- Zarco Aldinever
Estas acciones del ente acusador motivaron la respuesta del padre del político asesinado, quien en entrevista con el programa El Debate de Semana confirmó que adelantará acciones legales contra el Estado.
Demanda por omisión estatal en protección
Durante la entrevista, Uribe Londoño anunció que prepara una demanda contra el Estado: "Sí, claro, la tengo ya tomada. Sí, lo voy a hacer. Por la reparación que deben hacer, para que esto sirva de ejemplo". El político fundamentó su determinación en lo que calificó como "una grave omisión del Estado en la protección de su hijo".
Uribe Londoño agregó que el aparato estatal "lo desprotegió totalmente" y planteó la necesidad de que este caso marque un precedente. En su intervención, insistió en que se deben tomar medidas que evidencien que este tipo de hechos no pueden repetirse en Colombia.
El padre del senador asesinado aseguró que en Colombia existe una "libertad para delinquir" y que las escasas medidas del Gobierno Nacional debilitaron el control frente al crimen y el narcotráfico.
Solicitud ante la CIDH para proteger investigadores
El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño anunció que acudirá de manera inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que la Fiscalía General de la Nación advirtió como un plan de la Segunda Marquetalia para asesinar a los fiscales e investigadores que llevan el caso del magnicidio.
El crimen fue perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Uribe Londoño buscará la adopción de medidas cautelares urgentes que protejan la vida y la integridad de quienes investigan el crimen.
En una carta, Uribe Londoño advirtió que el país enfrenta una doble amenaza: el crimen en sí mismo —al que calificó como "un magnicidio, un crimen de lesa humanidad"— y el intento de silenciar a quienes trabajan por esclarecerlo. "A esto se suma información pública sobre ofrecimientos millonarios para atentar contra sus vidas", señaló.
El precandidato exigió que la Fiscalía refuerce "de manera inmediata y efectiva la seguridad de todos los fiscales e investigadores, así como la de sus familias", argumentando que "aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones".
Metodología de investigación desmantela hipótesis inicial
El anuncio llega en medio de avances significativos en la investigación. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reveló en entrevista con Blu Radio la metodología que permitió desmantelar la hipótesis inicial de que el crimen era obra de un único menor de edad actuando de forma aislada.
"Empezamos por rastrear ubicaciones de las personas que estaban en una escena de crimen a través de sus teléfonos celulares, a donde marcaban las antenas y de quién eran esos teléfonos", explicó la fiscal, quien añadió que la investigación continuó con "interceptaciones telefónicas, análisis de datos y rutas de dinero" hasta identificar tanto a los ejecutores como a quienes ordenaron el magnicidio.
La Fiscalía confirmó que tiene rastreado el dinero utilizado para el crimen —entregado en territorio colombiano—, lo que descartó, por el momento, la participación de actores externos a la organización de la Segunda Marquetalia. La suma ofrecida por el asesinato del senador rondó los 1.000 millones de pesos, según informó el ente investigador.
Nueve meses de investigación vinculan a cúpula criminal
Con nueve meses de investigación y nueve personas judicializadas —tres de ellas ya condenadas mediante preacuerdos—, la Fiscalía vinculó directamente a la cúpula de la Segunda Marquetalia con el magnicidio. Alias 'Iván Márquez' y alias 'Zarco Aldinever' son señalados como los presuntos determinadores.
Según Camargo, esta conclusión no descansa en testimonios aislados sino en "una serie de evidencias periféricas" que confirman comunicaciones sostenidas entre la cúpula y los ejecutores materiales.
La motivación del crimen también quedó establecida por el ente investigador: el objetivo del grupo armado era generar "un escenario de inestabilidad política de cara a un proceso electoral", aprovechando la condición de precandidato presidencial que tenía Uribe Turbay al momento del ataque.
Condenas y cooperación internacional
Entre los capturados figura Kendry Téllez Álvarez, señalado como el principal articulador del plan criminal, quien habría coordinado la planeación, financiación y ejecución del atentado y establecido contacto con los ejecutores.
También fue condenado a 22 años y cuatro meses de prisión Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', quien aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio. Durante la audiencia, Pérez Marroquín pidió perdón a los allegados de la víctima: "Aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, un padre y un esposo", declaró ante el estrado.
Con los presuntos determinadores presumiblemente refugiados en Venezuela, la Fiscalía activó todos los mecanismos de cooperación internacional disponibles. "La orden de captura viene con una solicitud a Interpol. Interpol, por supuesto, está en Venezuela", señaló Camargo, quien también anunció que se recurrirá a las relaciones bilaterales.
Frente a los rumores sobre la supuesta muerte del 'Zarco Aldinever' —reportado como abatido por el ELN en 2025— y sobre el deteriorado estado de salud de 'Iván Márquez', Camargo rechazó cualquier especulación sin respaldo físico: "No tenemos cadáver, no tenemos evidencia del enfrentamiento, no tenemos lugar, no tenemos datos y pues seríamos, creo yo, muy ingenuos creer en una versión así porque sí", sentenció.
