Policía investigado por matar a un perro podría enfrentar hasta 56 meses de prisión en Colombia
La investigación contra un uniformado reabre el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza. La posibilidad de que un integrante de la Policía Nacional enfrente una condena de hasta 56 meses de prisión por la muerte de un perro durante un procedimiento oficial abrió una nueva discusión jurídica sobre los límites del uso de la fuerza y la aplicación de las normas de protección animal.
El caso, ocurrido en Rionegro, Antioquia, avanza en medio de investigaciones penales y disciplinarias mientras organizaciones defensoras de animales y expertos en derecho analizan si la reacción del uniformado se ajustó a los parámetros legales de proporcionalidad y legítima defensa.
Investigación penal y alcance de las sanciones
Según la FM, el debate jurídico se concentra en el artículo 339A del Código Penal colombiano, que establece sanciones para quienes causen la muerte a animales domésticos, amansados, silvestres vertebrados o exóticos vertebrados. La norma contempla penas de prisión entre 32 y 56 meses, además de multas de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes y restricciones relacionadas con la tenencia de animales y el ejercicio de actividades vinculadas con su cuidado.
El abogado Francisco Bernate señaló que, desde una valoración preliminar, el ataque del perro “no era mortal” porque “no afectaba órganos vitales”, por lo que considera que la respuesta del uniformado habría sido “desproporcionada”. Ese análisis se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión, debido a que la justicia deberá establecer si el policía actuó bajo un escenario de legítima defensa o si existió un exceso en el uso de la fuerza.
La legislación colombiana contempla excepciones frente a la muerte de animales únicamente en circunstancias de consumo humano, siempre que se evite sufrimiento innecesario. Expertos consultados sobre el caso indican que esa excepción no tendría aplicación en este proceso, por tratarse de un procedimiento policial y no de una actividad relacionada con producción alimentaria.
La investigación también deberá determinar si el uniformado contaba con alternativas distintas al uso del arma de fuego para controlar la situación. Juristas explican que la proporcionalidad constituye uno de los elementos centrales en el análisis de la legítima defensa, debido a que la respuesta empleada debe corresponder al nivel de riesgo enfrentado por la persona que actúa.
Videos, testimonios y protocolos institucionales
Dentro del expediente serán revisados videos conocidos públicamente, testimonios de personas que presenciaron el procedimiento y dictámenes médicos relacionados con las lesiones sufridas por el policía. La evaluación de esos elementos probatorios buscará establecer cuál era el nivel de amenaza existente al momento del disparo y si el agente disponía de otras herramientas para neutralizar al animal.
La Policía Nacional sostuvo que el uniformado fue mordido por el perro durante el operativo y que sufrió heridas en una de sus extremidades inferiores. Según la institución, esa situación llevó al agente a reaccionar utilizando su arma de dotación. La entidad informó que el funcionario recibió atención médica y que los reportes clínicos harán parte de la investigación adelantada por las autoridades competentes.
El caso también abrió una discusión interna sobre la aplicación de protocolos institucionales relacionados con manejo de animales potencialmente agresivos. Fuentes jurídicas explican que, en procesos de este tipo, los investigadores revisan si el procedimiento se ajustó a lineamientos establecidos para el uso gradual de la fuerza y para la protección de civiles y animales involucrados en operativos.
La institución señaló que colaborará con las investigaciones disciplinarias y penales derivadas de los hechos. Mientras avanzan las diligencias, los registros audiovisuales continúan siendo analizados por peritos y autoridades judiciales para reconstruir la secuencia de lo ocurrido durante el operativo.
Debate sobre uso de la fuerza y protección animal
La muerte del perro provocó reacciones de organizaciones defensoras de animales y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la proporcionalidad de la respuesta del uniformado. El caso reactivó discusiones sobre el alcance de las normas de protección animal y sobre las condiciones en las que integrantes de la fuerza pública pueden justificar el uso de armas de fuego frente a amenazas que involucren animales.
Especialistas en derecho penal señalan que la decisión judicial dependerá de la valoración integral de las pruebas y de la interpretación sobre la existencia de un riesgo inminente para la integridad física del agente. También indican que la jurisprudencia colombiana ha establecido que la legítima defensa requiere demostrar necesidad, actualidad de la amenaza y proporcionalidad en la reacción empleada por quien actúa para protegerse.
