La historia del príncipe belga Henri de Croÿ, vinculado a una megared de lavado de dinero en Europa, ha dado un giro significativo en Colombia. Las autoridades locales, en coordinación con Francia y Bélgica, incautaron lujosos hoteles y vehículos en Cartagena que formarían parte de su fortuna, presuntamente obtenida mediante actividades ilícitas.
Bienes incautados al príncipe belga
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Extinción de Dominio, ejecutó un operativo que resultó en la incautación de cinco hoteles boutique, una camioneta, dos motocarros y la sociedad Casa Córdoba S.A.S. Estos bienes, avaluados en 70.000 millones de pesos, estaban registrados a nombre de sociedades en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos) e Islas Marshall, y luego transferidos a empresas panameñas Persoc Group Corp. y Falur Corp., controladas aparentemente por el príncipe.
Los hoteles incautados pertenecen a la cadena Casa Córdoba Hoteles y Eventos, con sedes denominadas Estrella, Román, Cabal, Cuartel y Barú. La sociedad fue constituida en 2017 en la Cámara de Comercio de Cartagena y había renovado su licencia en abril de este año. El representante legal, Juan Carlos Rodríguez, no presenta señalamientos hasta el momento.
Investigación internacional
Las pesquisas comenzaron en Europa, donde la Fiscalía Financiera Nacional Francesa compartió con Bélgica una memoria USB con información clave sobre Henri de Croÿ. El archivo contenía datos de más de 64 entidades domiciliadas en Bélgica, a las que el príncipe habría ayudado entre 2009 y 2018 a evadir impuestos y lavar activos mediante paraísos fiscales.
Las autoridades europeas rastrean sus actividades desde 1999, con primeros registros en Suiza y Luxemburgo, aunque luego la operación se habría trasladado a los Emiratos Árabes Unidos.
Proceso judicial en Colombia
La Fiscalía colombiana coordina el caso con la fiscalía belga y un magistrado del Tribunal de París. Un fiscal experto en extinción de dominio impuso medidas de embargo y secuestro sobre todos los bienes, mientras un juez decide su destino definitivo. De confirmarse las acusaciones, los bienes pasarían a manos del Estado colombiano.
En el oficio del 21 de abril, el fiscal advirtió que sin las medidas cautelares no se garantizaría la recta impartición de justicia ni la posición de Colombia como país cooperante, priorizando la protección de la propiedad legítima y la estabilidad financiera.
