La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, desarticuló una red criminal que operaba en la comuna 13 (San Javier) con un sistema de extorsión totalitaria. La organización, conocida como 'El Salado', imponía multas de hasta 10 millones de pesos, cobraba por permitir fiestas familiares y resolvía conflictos vecinales a su arbitrio.
Nueve capturas en operativo de alta precisión
Tras meses de seguimiento por parte del GAULA y equipos de inteligencia, se efectuaron nueve capturas que liberan a 13 sectores de una presión económica que superaba los 200 millones de pesos mensuales en rentas ilícitas. Entre los detenidos destaca alias Yarlinson, de 25 años, señalado como el cabecilla principal, y alias La Nana, una mujer de 55 años encargada de la logística criminal. La operación incluyó ocho capturas por orden judicial y una en flagrancia, relacionada con la incautación de un arma de fuego y equipos de comunicación utilizados para coordinar los cobros ilegales.
Un régimen que regulaba la vida privada
El Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) 'El Salado' no se limitaba al tráfico de drogas, sino que operaba como un Estado paralelo. Controlaba los precios de la canasta familiar y el transporte público, convirtiendo bienes esenciales en activos para su beneficio ilegal. Los habitantes de barrios como El Salado, La Loma y Eduardo Santos vivían bajo un sistema de multas arbitrarias. Por ejemplo, los residentes debían pagar hasta un millón de pesos por realizar una fiesta familiar sin permiso previo. Además, la organización se autoproclamaba juez en conflictos vecinales, imponiendo sanciones que oscilaban entre 5 y 10 millones de pesos.
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, afirmó: "En Medellín seguimos avanzando con una ofensiva frontal contra las estructuras criminales que durante años pretendieron imponer miedo y control ilegal en los barrios".
Tácticas insólitas y respuesta judicial
Un hallazgo sorprendente dentro del acervo probatorio reveló que alias Yarlinson ordenaba a sus subordinados hacerse capturar voluntariamente. A cambio de un pago de 800.000 pesos, estos integrantes ingresaban a centros de detención con el único fin de introducir estupefacientes. La contundencia del caso se apoyó en la confianza ciudadana, contando con el testimonio de 12 víctimas y tres testigos clave. Gracias a esto, un juez dictó medida de aseguramiento intramural para todos los procesados, quienes enfrentarán cargos por delitos como secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y concierto para delinquir agravado.
Impacto en la seguridad de la comuna 13
Con este resultado, la institucionalidad busca consolidar la tendencia positiva en la comuna 13, donde en lo que va de 2026 los homicidios han bajado un 44% y las denuncias por extorsión un 64%. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar por completo las estructuras criminales que afectan a los ciudadanos.
