Santa Marta: el 'impuesto armado' que normaliza la extorsión como regla de supervivencia
En Santa Marta, los emprendedores no solo calculan costos de arriendo, servicios y nómina: también deben presupuestar un "pago adicional" para que los dejen trabajar. Este cobro ilegal, ejecutado mediante llamadas, visitas y amenazas, se ha convertido en una de las fuentes de financiación más estables y temidas de las dos estructuras armadas que dominan la ciudad.
La paradoja de la "seguridad" criminal
Comerciantes, operadores turísticos y trabajadores informales describen la misma realidad con distintas palabras: "pague o cierre". En sectores turísticos como El Rodadero, la extorsión dejó de ser una posibilidad para convertirse en norma obligatoria. A cambio, los grupos ofrecen un paquete de "seguridad" que incluye acompañamiento, supuesta protección ante robos, control de conflictos y respuestas inmediatas ante problemas con clientes.
La contradicción es evidente: ese "beneficio" representa precisamente el poder ilegal. Quien paga obtiene respaldo armado; quien se niega queda expuesto a presiones que pueden culminar en amenazas, agresiones físicas o el cierre forzado del negocio.
Un investigador local lo resume sin rodeos: "No hay una zona específica. Aunque el principal capital lo manejan en sitios turísticos, la extorsión ya se está normalizando en toda la ciudad".
Décadas de gobernanza criminal
El defensor de derechos humanos Lerber Dimas explica que Santa Marta no llegó a este punto repentinamente. Habla de décadas de presencia armada donde la gobernanza criminal fue ganando terreno y, en ocasiones, se mezcló con la gobernanza política.
En su análisis, desde los años 80 se asentaron dinámicas de autodefensas y, tras la desmovilización paramilitar, surgió un "desorden criminal" con múltiples estructuras en disputa. Este carrusel de actores armados dejó dos huellas profundas: control territorial absoluto y una cultura de resolución de conflictos mediante la fuerza.
Dimas describe una lógica que se volvió cotidiana: si la ruta legal es lenta, costosa o ineficaz, aparece el atajo del actor armado. "Usted pone una demanda y eso puede demorarse meses… pero si va donde el actor armado, mañana le pagan", explica, ilustrando cómo esa "eficiencia" criminal construyó dependencia social y legitimación del miedo.
El negocio infalible: extorsión y gota a gota
Actualmente, el control armado en Santa Marta se atribuye principalmente a dos estructuras: Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hasta hace poco se disputaban rutas de droga y mercados ilegales. Ahora, según investigadores, el choque más rentable se trasladó a una renta "segura": la extorsión sistemática.
La ecuación es simple: el turismo y el comercio mueven dinero diariamente, y el cobro periódico garantiza flujo constante. Los grandes empresarios pagan para evitar "inconvenientes". Los pequeños quedan contra la pared: sus ingresos no alcanzan para sostener cuotas mensuales y "matrículas" impuestas, con margen mínimo para resistirse.
"En Taganga paga el carpero, la que hace trenzas, el que vende jugos, el lanchero, el dueño de restaurante. Todos. Diariamente nos visitan y debemos mostrar las finanzas. De acuerdo con lo que se venda, nos cobran un porcentaje", detalló un comerciante que por seguridad prefirió mantener su identidad en reserva.
A esto se suma otra renta que, según investigadores, crece silenciosamente: el gota a gota. Préstamos rápidos, intereses exorbitantes, cuotas diarias y castigos violentos ante incumplimientos. No es solo dinero: es control sobre la supervivencia misma.
El caso "Rambo" y el mensaje a El Rodadero
La captura reciente de Moisés David Puertas Fonseca, alias "Rambo", señalado por la Policía como integrante de las ACSN, expuso el trasfondo de este sistema criminal. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de Aquilino José Salazar, operador turístico de una empresa reconocida en El Rodadero.
Salazar, descrito por conocidos como trabajador y sin enemigos visibles, terminó convertido en símbolo de una hipótesis que se repite en el sector: su muerte habría sido una forma de presión para ajustar una cuota de extorsión. Aunque la versión no está judicialmente cerrada y sigue en investigación, encaja perfectamente con el patrón que comerciantes denuncian: el cobro se impone y el incumplimiento se castiga severamente.
Control social y "limpiezas" ilegales
En varios barrios, mientras algunos celebran que "bajaron los robos" o que desaparecieron ciertas alteraciones del orden público, otra lectura se abre paso: no siempre es resultado exclusivo de operativos oficiales, sino del miedo y la justicia ilegal.
Las llamadas "limpiezas sociales" funcionan como demostración de poder: aparecen muertos consumidores, recicladores o ladrones comunes con carteles que explican el "porqué" y anuncian al responsable. "No es solo un crimen: es un comunicado", afirma Norma Vera, defensora de derechos humanos.
En redes sociales, ese control a veces se aplaude: cuando aparece un presunto ladrón trasquilado, pidiendo perdón públicamente o agradeciendo una "segunda oportunidad", hay más celebraciones que rechazos. Esta reacción social, advierten defensores, es parte del problema: convierte la violencia en herramienta aceptable de orden público.
De hecho, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció prácticas como violencia física, trabajo forzado y exhibición pública con mensajes de arrepentimiento en Santa Marta, advirtiendo que pueden constituir tratos crueles y hasta delitos graves según estándares internacionales.
Estructura criminal y reclutamiento urbano
Según estimaciones citadas por investigadores, las ACSN tendrían un poder dominante en Santa Marta, con una estructura que no se limita a la Sierra Nevada: también opera un componente urbano con líderes de zona, financieros, cobradores y sicarios, cada uno con rol específico en el andamiaje criminal.
El reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos como 11 de noviembre, Timayui y sectores del nororiente habría aumentado significativamente, atraído por pagos regulares y una "logística" que consolida la operación ilegal.
La base del control, insiste Lerber Dimas, es territorial: redes locales, vigilancia comunitaria de facto y regulación de dinámicas como el mototaxismo, que termina funcionando como sistema de información criminal. "Trabajan incluso articulados con mototaxistas para saber quién entra y sale de un barrio".
En los últimos años, los perfiles de las víctimas son consistentes: mototaxistas, cobradores, todos en su mayoría jóvenes y con alguna relación directa o indirecta con grupos de autodefensas. "Cuando eso sucede es porque algo hizo mal o porque vendió información o en el caso más normal por ser parte del bando contrario", sostiene la defensora Norma Vera.
Respuesta estatal y acuerdos bajo lupa
La Policía sostiene que, a través del Gaula y con apoyo de denuncias, se fortalecieron operativos con resultados concretos: 223 capturas por extorsión entre 2025 y 2026 asociadas a miembros de ACSN y AGC, según el consolidado mencionado por las autoridades.
También aseguran que gracias a acciones de la fuerza pública se redujeron los homicidios en un 16,2%, registrando 166 hechos en comparación con 198 del año 2024 y 195 del 2023. De esta cifra, 138 correspondieron a sicariato, 8 a feminicidios y otros a acciones violentas como accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar y suicidios.
Paralelamente, el Gobierno protocolizó recientemente en Bogotá un "Acuerdo (II) Especial para el Desescalamiento de las Violencias" con las ACSN, con compromisos como no interferir en elecciones, no atacar a la Fuerza Pública, no reclutar menores y, en el papel, abstenerse de extorsionar en municipios priorizados como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. El pacto contó con acompañamiento de la MAPP-OEA como observadora.
En la ciudad, la expectativa está dividida: hay comerciantes que admiten sentirse "tranquilos" pagando, porque el grupo "resuelve" lo que el Estado no resuelve. Y está el otro lado: el que paga porque no tiene opción alguna.
El alcalde Carlos Pinedo Cuello endureció el discurso y prometió persecución "casa por casa" contra extorsionistas, con consejos de seguridad bimensuales y operaciones permanentes, especialmente en El Rodadero. "Estos extorsionistas tendrán dos caminos, la cárcel o el cementerio", manifestó en un consejo de seguridad reciente.
La alcaldía pidió a policía y ejército incrementar acciones en sitios turísticos y barrio a barrio para combatir a estos grupos que tienen contra la pared al comercio de la ciudad. El mensaje oficial busca recuperar control institucional, pero el pulso real se juega en la calle: en quién impone la norma y quién cobra por dejar trabajar.
Asimismo, existe inquietud por los diálogos sostenidos entre el Gobierno Nacional y estas organizaciones criminales, que pese a buscar acuerdos, siguen generando temor y presión entre la población civil. Organizaciones, gremios y comunidades piden al presidente Gustavo Petro tomar acciones urgentes y claras frente a estas bandas criminales.
