La seguridad en Colombia: Un tema pendiente en el debate electoral
Es urgente y necesario que en Colombia abordemos el tema de la seguridad con seriedad y profundidad. Si bien actualmente registramos una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes —cifra casi tres veces inferior a la de mediados de la década de los noventa—, el problema continúa representando un desafío monumental para la estabilidad del país.
Violencia persistente en zonas rurales y urbanas
En las zonas rurales, específicamente en al menos 365 municipios, la violencia se mantiene activa debido a la operación de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y el complejo entramado de disidencias de las antiguas FARC. Esta situación genera un clima de inseguridad constante que afecta a comunidades enteras.
Por otro lado, en las principales ciudades del país preocupa enormemente la creciente presencia y fortalecimiento de mafias nacionales e internacionales. Un dato revelador ilustra esta problemática: en Bogotá, ocho de cada diez homicidios responden a la modalidad de sicariato, evidenciando la sofisticación y brutalidad del crimen organizado en centros urbanos.
La ausencia de propuestas concretas en la campaña presidencial
Resulta alarmante que, en el contexto de la actual campaña presidencial, ningún candidato haya abordado con seriedad y propuestas concretas el tema de la seguridad nacional. Ni desde la izquierda, que frecuentemente se limita a analizar las raíces socioeconómicas del delito, ni desde la derecha, obsesionada con importar modelos de "mano dura" al estilo Bukele, se han presentado soluciones viables.
Es crucial destacar que en Colombia el hacinamiento carcelario ya ronda el 29%, y cada persona privada de la libertad —en centros penitenciarios que desde hace tiempo funcionan como verdaderas universidades del crimen— le representa al Estado un costo aproximado de dos millones y medio de pesos mensuales.
Preguntas sin respuesta sobre estrategias de seguridad
Ningún aspirante a la Presidencia ha explicado de manera clara cuál será su estrategia para resolver los conflictos entre grupos armados, como el que lleva más de un año desarrollándose en la región del Catatumbo, sin otorgar ventajas indebidas a ninguna de las partes involucradas.
Tampoco se han presentado planes concretos para fortalecer las capacidades locales de las instituciones y de la Policía en los municipios de sexta categoría, lo que permitiría a los alcaldes no depender del clientelismo de los congresistas cuando necesitan "patinar" sus proyectos de seguridad ante el Ministerio del Interior.
Más allá de la militarización: hacia soluciones integrales
Si la militarización, la eliminación de garantías procesales y el aumento de penas y tipos penales fueran la solución definitiva, como algunos sectores políticos creen, Estados Unidos tendría hoy mejores indicadores de seguridad que países como Noruega o Dinamarca. Sin embargo, la realidad demuestra que no es así.
La simple aplicación de "mano dura" resulta inviable a largo plazo. Para hablar de seguridad con seriedad, debemos trascender los gestos sobreactuados y los saludos militares protocolarios, y avanzar hacia la construcción de soluciones de política pública que realmente protejan a los ciudadanos, articulando de manera efectiva la prevención del delito con la aplicación rigurosa de la ley.
Interrogantes fundamentales para los candidatos
Para lograr este objetivo, los candidatos presidenciales deben responder con claridad y transparencia a preguntas esenciales:
- ¿Cuáles serán sus políticas sociales y de convivencia ciudadana?
- ¿De qué manera las Fuerzas Armadas aplicarán la fuerza legítima del Estado?
- ¿Cómo fortalecerán los recursos y las capacidades de nuestros sobrecargados jueces y fiscales?
- ¿Y cómo lograrán que las cárceles cumplan verdaderamente su función de resocialización?
Finalmente, los ciudadanos debemos comprender de manera colectiva que militarización no es sinónimo de seguridad. La protección efectiva de la población requiere estrategias integrales, inversión social sostenible y un compromiso genuino con la construcción de paz y legalidad en todos los territorios del país.
