Violencia criminal se intensifica en Montes de María: 179 homicidios desde 2023
El territorio de Montes de María continúa siendo un escenario de alto riesgo y vulnerabilidad extrema para el goce efectivo de los derechos fundamentales de su población. El ambiente de violencia persistente está directamente ligado a la consolidación de economías criminales diversificadas, que incluyen el narcotráfico y microtráfico en todas sus fases, la extorsión sistemática a sectores productivos como comerciantes, agricultores y docentes, el lavado de activos mediante préstamos gota a gota, el contrabando, la depredación recurrente de los bienes públicos y una creciente captura, reconfiguración y cooptación del estado territorial.
Presencia hegemónica de grupos armados
En esta perspectiva crítica, es innegable la presencia, operación y control territorial de estructuras criminales como el Clan del Golfo y bandas locales asociadas. Además, se ha documentado la llegada de otras organizaciones como los Pachenca o Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada e incluso indicios del Tren de Aragua, lo que evidencia un escalamiento preocupante de la violencia por la disputa del territorio. Aunque cabe subrayar las operaciones y acciones de la fuerza pública, incluyendo numerosas capturas de miembros y cabecillas del Clan del Golfo, la situación sigue siendo alarmante.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su profunda preocupación de cara a las elecciones para el Congreso, señalando en declaraciones recientes: "Aquí lo que vemos es una presencia hegemónica del Clan del Golfo en la región Caribe, un crecimiento de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en disputa con el Clan del Golfo. Tenemos una preocupación especial por el curul de la paz de los Montes de María, allí el Clan del Golfo está ejerciendo una gobernanza armada muy importante".
Esta gobernanza armada se refleja en acciones concretas como la prohibición de la circulación de candidatos con protección estatal, la restricción del proselitismo en ciertos corregimientos de El Carmen de Bolívar, Córdoba y San Onofre, y el respaldo del grupo a candidaturas específicas, lo que distorsiona profundamente los procesos democráticos.
Estadísticas alarmantes de homicidios
Al revisar el comportamiento de los asesinatos por sicariato en la subregión, desde el año 2023 hasta 2025, se registraron 179 homicidios en total. La distribución por municipios es particularmente reveladora:
- El Carmen de Bolívar: 87 homicidios (48.6% del total)
- Marialabaja: 38 homicidios (21%)
- San Jacinto: 24 homicidios (13%)
En lo corrido del año 2026, el ciclo de violencia continúa escalando con ligeras variaciones preocupantes. Por ejemplo, en San Juan se han registrado 5 asesinatos en los primeros 55 días del año, con la particularidad de que durante el periodo 2023-2025 solo ocurrían 4 homicidios por año en promedio. Esto significa que en solo 55 días de 2026, los asesinatos ya superan el total de todo el año 2025.
Situaciones similares se presentan en otros municipios: San Jacinto reporta 3 homicidios y El Carmen de Bolívar registra 4 en este mismo periodo. A esta escalada numérica se agrega la aparición de varios panfletos y amenazas que anuncian una supuesta "limpieza social", aumentando el clima de terror e incertidumbre entre la población civil.
Cuestionamientos a la capacidad institucional
Frente a esta realidad cruda, surgen inquietudes legítimas y urgentes sobre la capacidad de respuesta institucional. ¿Cuál es la capacidad de reacción efectiva de la Policía ante 12 homicidios en solo 55 días en las tres cabeceras municipales reseñadas? ¿Cómo funciona realmente la inteligencia en materia de prevención de la seguridad humana en el territorio? La gravedad del tema exige un desarrollo más profundo de estrategias integrales que vayan más allá de las capturas y aborden las causas estructurales de la violencia.
La combinación de economías criminales consolidadas, la disputa territorial entre grupos armados, la interferencia en procesos electorales y el aumento sostenido de homicidios configura un panorama complejo que demanda atención prioritaria del Estado y la sociedad en su conjunto. Los Montes de María requieren no solo operativos de seguridad, sino también políticas públicas integrales que restauren la confianza ciudadana y protejan los derechos fundamentales en medio de esta crisis prolongada.
